Las recientes discusiones públicas surgidas tras las catástrofes que ha enfrentado el país, en particular los incendios forestales, han vuelto a instalar una tensión que se repite cada vez que Chile enfrenta una emergencia de gran escala: la urgencia por reconstruir rápidamente versus la protección del medio ambiente. Sin embargo, esta oposición no solo resulta simplista, sino que además desconoce un consenso cada vez más transversal: los desafíos ambientales, sociales y económicos no se resuelven enfrentando estas dimensiones, sino integrándolas desde una mirada territorial y de largo plazo.
Clima, agua, energía, biodiversidad y ordenamiento territorial se han consolidado como ejes centrales de la agenda ambiental para los próximos años. Hoy, el debate ya no está únicamente en definir metas, sino en cómo avanzar de manera efectiva, con reglas claras, buena gobernanza ambiental y capacidad institucional para implementar soluciones. La reconstrucción post catástrofes es, precisamente, uno de los escenarios donde estas definiciones adquieren mayor relevancia, ya que las decisiones que se toman bajo presión tienen efectos que se extienden por décadas.
Chile cuenta con una extensa experiencia en procesos de reconstrucción. El terremoto de 2010, los aluviones del norte, las inundaciones y los incendios forestales de la última década han dejado aprendizajes claros: reconstruir sin una planificación territorial adecuada ni una evaluación integral de riesgos termina muchas veces reproduciendo las mismas vulnerabilidades que dieron origen a la catástrofe. Localizar viviendas en zonas expuestas, intervenir cuencas sin considerar su dinámica natural o eliminar barreras ecológicas que cumplían funciones de protección son errores que luego se traducen en mayores costos sociales, económicos y humanos.
En este contexto, la permisología ambiental suele ser presentada como un obstáculo para la rapidez que exige la emergencia. Sin embargo, su rol es justamente el contrario. La evaluación ambiental y los instrumentos de planificación territorial permiten ordenar el uso del suelo, identificar zonas de riesgo, proteger recursos estratégicos como el agua y entregar certezas tanto a las comunidades como a los inversionistas. Una institucionalidad ambiental robusta y eficiente no retrasa la reconstrucción; la hace más segura, transparente y sostenible en el tiempo.
Aquí cobra especial relevancia la aplicación de la Ley de Catástrofes, un marco excepcional diseñado para agilizar la respuesta del Estado frente a emergencias, permitiendo acelerar procesos y flexibilizar procedimientos. No obstante, esta flexibilidad no debiera entenderse como una renuncia a la planificación ni a la evaluación de riesgos, sino como una responsabilidad aún mayor en la toma de decisiones. Las medidas adoptadas bajo un estado de catástrofe definen el territorio que se reconstruirá por décadas, por lo que incluso en escenarios de urgencia resulta fundamental incorporar criterios de seguridad, ordenamiento territorial y protección de ecosistemas estratégicos.
La discusión reciente también ha puesto en cuestión el rol de la biodiversidad en los procesos de reconstrucción, reduciéndola erróneamente a un elemento secundario o prescindible. No obstante, la evidencia técnica demuestra que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos son aliados fundamentales en la reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático. Bosques, humedales, suelos vegetados y cuencas bien conservadas regulan escorrentías, estabilizan terrenos, disminuyen la propagación del fuego, mitigan olas de calor y amortiguan eventos climáticos extremos. Ignorar estas funciones es, en la práctica, aumentar la exposición de las personas frente a futuras catástrofes.
En este mismo marco, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos no son un lujo postergable para tiempos normales. Por el contrario, constituyen una infraestructura natural clave para la protección de las personas, especialmente en contextos de incendios, inundaciones o remociones en masa. Integrarlos desde el inicio, incluso en procesos activados bajo la Ley de Catástrofes, permite que las decisiones no solo sean rápidas, sino también responsables y sostenibles.
Por ello, las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) emergen como una herramienta que debe incorporarse de manera estructural en los procesos de reconstrucción post desastres. La restauración de ecosistemas degradados, la protección de áreas estratégicas, la infraestructura verde y la planificación urbana integrada permiten reducir riesgos, optimizar recursos públicos y generar beneficios sociales y ambientales de largo plazo. Lejos de ser una traba, estas soluciones facilitan una reconstrucción más resiliente y alineada con los desafíos climáticos del país.
Reconstruir mejor no significa reconstruir más lento. Significa hacerlo con inteligencia, integrando clima, agua, energía, biodiversidad y desarrollo territorial en una misma ecuación. No se trata de poner a los «árboles» frente a las personas, sino de entender que un territorio saludable es la base para proteger a las comunidades, tanto hoy como mañana y que el bienestar humano depende directamente de la calidad de los ecosistemas que habitamos.
Las catástrofes revelan las fragilidades del territorio, pero también abren una oportunidad única para corregir errores históricos en su ocupación y planificación. Aprovechar esta oportunidad requiere visión de largo plazo, coordinación institucional, reglas claras y una gobernanza ambiental capaz de equilibrar urgencia social con sostenibilidad. Chile cuenta con el conocimiento técnico, la experiencia acumulada y el marco normativo para avanzar en esa dirección. El desafío ahora es transformar ese diagnóstico compartido en decisiones concretas, especialmente en los procesos de reconstrucción post catástrofes.
