En el contexto de una cita reservada el Consejo de Ministros acordó una modificación al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que posibilitará la eliminación de una exención, aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera, y que le permite a las inmobiliarias no presentar estudios ambientales para proyectos en zonas latentes, es decir, de gran contaminación, siempre que los instrumentos de planificación territorial de esas áreas, como planos o sectoriales reguladores, contaran con aprobación ambiental.
Cuestión que llevó al Gobierno a citar la semana recién pasada a una reunión privada de la instancia para analizar el tema. Así se acordó quitar del reglamento el inciso que apunta “se exceptuarán dichos proyectos de su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en aquellas zonas declaradas latentes o saturadas, que cuenten con un Plan de Prevención o Descontaminación vigente, dictado de acuerdo al artículo 44 de la Ley y se permita el desarrollo de proyectos inmobiliarios en un Instrumento de Planificación Territorial aprobado ambientalmente conforme a la Ley”, consigna Pulso.
Expertos detallan que la citada indicación le permitía a los desarrolladores inmobiliarios y constructoras generar proyectos sin necesidad de someterlos a una evaluación que determinara grados de impactos en el medio ambiente, ni las compensaciones correspondientes a las emisiones.
En este sentido, Fernando Molina Matta, socio del estudio Cubillos Evans, indicó que “si un proyecto está en un instrumento de planificación territorial que fue evaluado ambientalmente, se supone que tu proyecto es compatible. Acá se quiso quitar la carga al SEIA de evaluar esos proyectos ya que había otros instrumentos que estaban capacitados para evaluarlos, pero el problema es que acá se generó un vacío con la compensación de emisiones”.
Tras esta modificación que ingresaría esta semana a la Contraloría, todos los proyectos de más de 300 viviendas, 7 hectáreas de extensión o torres de más de 5.000 personas de capacidad o mil estacionamientos, deberán sí o sí ser evaluados medioambientalmente, sin importar la zona de latencia.
El director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la UDP, Genaro Cuadros tras aplaudir la medida, dijo que “bajo el reglamento que aprobó el gobierno anterior, un proyecto gigantesco como el Costanera Center no habría estado obligado a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, lo que es una barbaridad”.
Dentro de las modificaciones que realizó el Gobierno de Bachelet también se explicitan las facultades del SEIA de determinar cuándo existe carencia de información para evaluar el impacto o las mitigaciones que generaría un proyecto.
Desde la Fundación Defendamos La Ciudad, su timonel, Patricio Herman, por su parte, indicó que este cambio busca “restituir el estado de derecho y darle mayor seriedad a la institucionalidad ambiental. Con esta acción, se exige mayor grado de profesionalismo a las consultoras ambientales”.
Fuente: El Dínamo
