Si bien alabó algunos ítems, como el fortalecimiento de la institucionalidad, el tirón de orejas de la OCDE a Chile fue fuerte en materia ambiental. Esto, en el marco de la Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA), que realiza el organismo a sus 34 países miembros, cada 10 años.
La principal crítica se relacionó con la mala calidad del aire, concepto en el que Chile ocupa el segundo lugar, siendo solo superado por Corea, uno de los países más industrializados del mundo. Junto a las emisiones locales, provocadas principalmente por la combustión a leña en el centro y sur, el informe de la OCDE indicó que las concentraciones de óxidos de nitrógeno (NOx), gases altamente reactivos que inciden en el aumento de la concentración de MP 2,5, se duplicaron por la exponencial tasa de motorización durante la última década y el funcionamiento de termoeléctricas y de la industria en general, que mostró un alza de sustancias contaminantes de un 248% en el período.
El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, acusó recibo del golpe, y aseguró que, actualmente, se están elaborando planes de descontaminación para 14 ciudades, con el fin de reducir las concentraciones de contaminantes atmosféricos. Además, recalcó que el país tiene un compromiso para enfrentar el cambio climático, pues en la pasada COP21-París se fijó el objetivo de reducir, desde el año 2015 al 2030, el 30% de las emisiones.
Sin embargo, 24 horas después de esta defensa ministerial, la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Magallanes aprobó el uso de tronaduras y explosiones para la extracción de carbón por parte de Mina Invierno en Isla Riesco. Esto, pese a que el proyecto, ligado a los grupos Angelini (Copec) y Von Appen (Ultramar), ha sido fuertemente cuestionado por ONG y parlamentarios de la zona, ya que no apuntó el uso de estas prácticas en su Resolución de Calificación Ambiental de 2011, por lo que sus implicancias, que van desde contaminación acústica al levantamiento de material particulado, en una zona riquísima en flora y fauna, no fueron analizadas, inicialmente, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Hasta hace dos años, Mina Invierno había negado, por todos los medios, que emplearía tronaduras en su proceso productivo.
A su vez, la empresa, que comenzó a operar en 2013 en la isla, ha recibido diversas denuncias, que han sido corroboradas por la Superintendencia del Medio Ambiente, y resultaron en una multa por incumplimientos en su RCA.
En este escenario, cabe preguntarse cómo se materializará el compromiso que adquirió el Ministerio del Medio Ambiente con la OCDE, si da luz verde a proyectos de esta envergadura —entre los votos a favor de la comisión estuvo el del seremi del Medio Ambiente, Juan Henríquez—, que más allá de las irregularidades que lo rodean, apunta a mantener nuestra matriz energética ligada a los combustibles fósiles, pues la producción de Mina Invierno —según datos de la empresa, alcanzará las 2,3 millones de toneladas por año con el empleo de tronaduras— servirá de alimento para las termoeléctricas. El panorama es oscuro para zonas ahogadas en contaminación, como el Valle del Huasco, si consideramos que el carbón que se explota en Isla Riesco es del tipo sub bituminoso B y C, de bajo poder calorífico, por lo que se debe quemar mucha más cantidad para obtener el calor necesario, generando mayor número de emisiones.
Cabe destacar que Mina Invierno es solo uno de los cuatro yacimientos, a rajo abierto, que Copec y Ultramar buscan explotar en la isla. De concretarlos todos, no solo pondría en grave peligro la biodiversidad en este territorio —la mitad de su territorio corresponde a la Reserva Nacional Alacalufes—, sino que también apuntalaría el timón hacia la dirección contraria, considerando que, por décadas, el uso del carbón ha sido uno de los principales responsables de la contaminación en Chile y del cambio climático a nivel mundial.
