Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, Daniel Melo (PS) y Camila Vallejo (PC), junto a Sara Larraín, directora ejecutiva de la ONG Chile Sustentable y representantes de las organizaciones ambientalistas, Alerta Isla Riesco, representada por Ana Stipicic, y la Fiscalía del Medio Ambiente, representada por Rodrigo Pérez, -entre otras-, anunciaron la presentación de un proyecto de Reforma Constitucional que introduce la figura de un Ombudsman o Defensor Ambiental en la legislación chilena.
El diputado Melo explicó que si bien la Constitución contempla en las garantías fundamentales los derechos humanos vinculados con la protección ambiental, esto no es suficiente.
Por eso queremos crear la Defensoría del Medio Ambiente”, sostuvo el legislador, quien agregó que “es tiempo que el Estado chileno tome conciencia de la situación ambiental en la que nos encontramos, porque es claro que hasta la fecha, la institucionalidad existente no ha sido capaz de proteger nuestro entorno. Es en este contexto que surge la necesidad de crear leyes como la de protección a glaciares o la figura legal que hoy proponemos”.
La diputada Camila Vallejo, por su parte, aseguró que, en general, «en Chile existe una relación totalmente desigual entre los ciudadanos y el poder, tanto respecto del mundo empresarial, cuyos abusos vemos permanentemente, como del Estado, con quien debiese relacionarse de forma democrática y cercana, para poder hacer cumplir sus derechos fundamentales”.
La parlamentaria PC añadió que con este proyecto se busca «dotar a la ciudadanía de una herramienta que le permita enfrentar esa desigualdad y defender un derecho tan fundamental como el de un medio ambiente sano y libre de contaminación”.
Organizaciones ambientalistas
Por su parte, Ana Stipicic, señaló que el Estado debe proteger el medio ambiente y exigir a las empresas el respeto de este. «Necesitamos con urgencia una Defensoría del Medio Ambiente, avanzando desde un rol pasivo y subsidiario, a un rol activo que cautele derechos y garantías para hacer respetar nuestra constitución que indica que las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación».
Rodrigo Pérez, por su parte, agregó que el proceso de participación de la ciudadanía queda en el vacío cuando la institucionalidad no crea las maneras en que las personas puedan efectivamente controlar el poder y proteger sus derechos fundamentales. «Una figura como el Ombudsman avanza en este sentido y por eso la valoramos, siendo especialmente importante en el área ambiental en que la vulneración de derechos de las personas es grave y cotidiana«.
Finalmente, Sara Larraín, expresó que al incorporar en la Constitución esta nueva figura, «se permite garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a defender la naturaleza», lo cual se distorsiona día a día porque la autoridad ambiental responde a las prioridades de los inversionistas y las órdenes del Ministerio de Hacienda. «Este sesgo debe ser corregido por un Defensor del Medio Ambiente, de rango constitucional que priorice la salud e integridad de la naturaleza, sin la cual no es posible la vida y salud de las personas», aseveró.
