Este lunes HidroAysén fue notificada de la resolución del Comité de Ministros, que a fines de enero definió la mayor parte de las 35 reclamaciones al proyecto y optó por encargar dos estudios para culminar el análisis de la iniciativa. Ante ello, la empresa calificó como extemporánea y dilatoria la decisión, mediante una declaración.
«HidroAysén lamenta la desprolijidad y retraso injustificado del Consejo de Ministros, pero al mismo tiempo reafirma que el desarrollo del potencial hidroeléctrico de los ríos del sur de Chile requiere ser parte de una política energética de Estado con la participación de diversos actores».
La empresa criticó que tras dos años y medio de análisis, la resolución del Comité de Ministros haya incluido la solicitud de dos nuevos estudios sobre el proyecto.
«Ello, a pesar de que las materias solicitadas por la autoridad fueron objeto de diversos estudios elaborados por instituciones especializadas, informes que fueron entregados durante la tramitación ambiental que duró más de dos años y revisados por 36 servicios públicos y por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental», señala la declaración.
La firma precisó que dicho proceso permitió que HidroAysén obtuviera su aprobación ambiental y la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en mayo de 2011, la cual fue ratificada en su totalidad por las Cortes de Apelaciones de Coyhaique y Puerto Montt, así como la Corte Suprema, durante los años 2011 y 2012.
«Tal decisión y forma de proceder del Comité de Ministros debilita la institucionalidad ambiental, primero, al obviar los plazos que la propia ley establece con precisión, y luego, al imponer estudios extemporáneos. El Comité de Ministros se demoró dos años y medio en analizar 35 reclamaciones, algo que según la ley debía ocurrir en un lapso de 60 días, para finalmente esquivar un pronunciamiento. En este escenario, HidroAysén evalúa las acciones posibles concurrentes a reencauzarlo en su marco legal e institucional», agrega la declaración.
Reafirmamos una vez más que el desarrollo del potencial hidroeléctrico de los ríos del sur de Chile debe ser materia de una política energética de Estado, con la participación de diversos actores (Poder Ejecutivo, Congreso, organizaciones sociales y medio ambientales y sector privado), que defina los lineamientos para tender a una matriz energética más sustentable, segura y competitiva que la actual, cuestión que esperamos sea una prioridad de las próximas autoridades.
Una vez notificados, los recurrentes tienen un plazo de 30 días para presentar recursos ante el Tribunal Ambiental de Valdivia, abriendo una nueva etapa en la vía judicial del proyecto.
