Pascua Lama, HidroAysén, El Morro, Punta Alcalde, Rancagua Express y Mall Plaza Barón. Esos son algunos ejemplos de los proyectos de inversión que se han judicializado en los últimos cuatro años y que han despertado la preocupación de distintos sectores económicos, por una situación que, han advertido distintos actores, iría en aumento.
Según cifras entregadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) , en ese lapso el 29% de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) -calificados como favorables por el organismo- ha debido enfrentar al menos un recurso de protección. Así, de las 89 iniciativas con calificación favorable entre 2010 y el 31 de agosto de este año, 26 fueron judicializadas.
La cifra supera en siete puntos porcentuales a la alcanzada durante el gobierno anterior, cuando el 22% de los EIA debió enfrentar este tipo de episodios.
Los EIA se utilizan cuando la iniciativa genera o presenta efectos contemplados en el artículo 11 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Estos consideran la generación de un riesgo para la salud de la población y efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables.
Además, abarcan el reasentamiento de comunidades o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres, entre otros.
Los titulares de los proyectos de inversión también pueden presentar Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que se utilizan cuando los proyectos no generan los efectos mencionados.
En el caso de los DIA con calificación favorable, sólo el 1,6% fue judicializado en el período 2010-2013.
Si las cifras se analizan considerando los datos desde el 2001, se desprende que fueron calificados como favorables 11.583 proyectos (considerando EIA y DIA), de los cuales sólo el 0,04% fue judicializado.
Los sectores que presentaron la mayor cantidad de acciones judiciales en dicho lapso fueron los correspondientes a energía, minería y saneamiento. Entre los tres, según la información oficial, concentraron cerca 60% de los recursos.
El director del SEA, Ricardo Irarrázaval, señaló que con el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) -que regirá desde el 24 de diciembre- esta situación podría cambiar.
“Las mejoras en la evaluación ambiental (…) generarán más y mejor información y menos espacios para la discrecionalidad y la duda. Pretendemos que estos cambios signifiquen una mejora al proceso de evaluación y así disminuir la judicialización”, manifestó el personero.
Qué dicen los privados
El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, afirmó que la judicialización es el reflejo de una sociedad que tiene mayor acceso a la defensa de sus derechos. También lo atribuyó a los atrasos institucionales, “que abren excesivos espacios de conflictividad”. Destacó que si bien algunas disputas son legítimas, “la conflictividad se potencia con la instrumentalización que algunos actores hacen de inquietudes de comunidades respecto de proyectos de gran envergadura, anteponiendo sus propios intereses económicos a los intereses ambientales y sociales de quienes dicen defender”.
Por su parte, René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras, aseguró que pese a que muchos proyectos cuentan con resoluciones de calificación ambiental aprobadas, son objeto de recursos.
Sin embargo, se mostró confiado en que el nuevo reglamento ambiental, sumado a la creación de los Tribunales Ambientales y de la Superintendencia del Medio Ambiente y al esfuerzo del mundo privado, permitirán avanzar en la creación de una mayor confianza en la ciudadanía.
Tres visiones
“Las mejoras en la evaluación ambiental significarán procesos más claros, eficientes y participativos”. Ricardo Irarrázaval Director del SEA.
“La judicialización se da especialmente ante proyectos grandes, cuyas tramitaciones son complejas”. Joaquín Villarino Presidente ejecutivo del Consejo Minero.
“Es prioritario hacer esfuerzos de todos los actores por crear mayor confianza”. René Muga Gerente general de la Asociación de Generadoras.
Proyectos
Pascua Lama: La minera canadiense Barrick Gold anunció la suspensión de su proyecto Pascua Lama. La iniciativa, por US$ 8.500 millones, se encuentra detenida en el lado chileno desde mayo, debido a la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente.
HidroAysén: Colbún y Endesa son socios en este proyecto, que considera construir una serie de centrales hidroeléctricas en Aysén. Está paralizado hace dos años, esperando resolución del Comité de Ministros. Según el EIA, la inversión de las centrales es de US$ 3.200 millones.
Punta Alcalde: Hoy está en la Corte Suprema, a la espera del fallo. Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso de protección que dejó sin efecto la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, que había resuelto a favor del proyecto termoeléctrico a carbón Punta Alcalde.
Fuente: La Tercera
