El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el PS Daniel Melo, y la diputada PC Camila Vallejo, integrante de la misma instancia, anunciaron esta mañana que solicitarán que la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalice en terreno el cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Alto Maipo.
Asimismo, los diputados señalaron que la situación de Marcelo Araya, ex asesor legal de AES GENER y que ahora desempeña funciones como jefe de abogados de la Dirección General de Aguas (DGA) debe “analizarse”.
En este mismo sentido, Melo señaló que “es impresentable que el abogado Marcelo Araya sea hoy el Jefe de abogados de la DGA y en su condición le corresponda otorgar derechos de agua a AES GENER, empresa de la cual era prestador de servicios”.
En tanto, Camila Vallejo señaló que “el proyecto Alto Maipo está totalmente deslegitimado, tanto socialmente, como en términos de su legalidad. Y por lo mismo, se hace impresentable que una persona directamente vinculada en su pasado reciente a esta iniciativa sea parte de un organismo público como la Dirección General de Aguas».
La ex dirigente estudiantil agregó que “se suma a la idea de solicitar la renuncia del abogado Marcelo Araya, y pide al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que se pronuncie al respecto”.
“Todo el proceso de calificación ambiental de este proyecto, así como la fase de implementación y construcción ha estado plagado de denuncias de irregularidades y omisiones” señalaron los diputados. “Hemos recibido una serie de antecedentes que dan cuenta de que la RCA con que cuenta Alto Maipo no contempló todos los impactos que el proyecto generará y, en consecuencia, no se determinaron medidas de mitigación, compensación o reparación suficientes”, agregaron.
Vallejo y Melo sostienen que la situación de Alto Maipo es bastante similar a lo que ocurría con Hidroaysén, donde finalmente se rechazó el Proyecto.
“La RCA de Alto Maipo no considera la afectación a sitios prioritarios de conservación, y los derechos de aguas que la empresa dice poseer son mayores a los que el Maipo y sus afluentes tienen por lo que si el proyecto se ejecuta, las cuencas se agotarán, se degradarán más de 100 mil hectáreas de tierras precordilleranas, incrementando la contaminación en la Región Metropolitana y se intervendrán formaciones geológicas e hidrogeológicas del Monumento Nacional El Morado, el glaciar y la laguna San Francisco, todos protegidos por la Convención de Washington”, indicó Melo.
Los parlamentarios señalaron que la Superintendencia de Medio Ambiente tiene facultades para actuar de oficio o a petición de parte para iniciar un procedimiento sancionatorio a fin de asegurar que se cumpla la normativa medioambiental a nivel nacional. “La legislación chilena establece, específicamente, que la SMA puede revocar las resoluciones de calificación ambiental”, agregó Melo.
En este caso en particular, además de los vacíos que han quedado en evidencia, también debe considerarse que las condiciones en que el proyecto se evaluó han cambiado de manera relevante. “Agotaremos todas las instancias legales para que este proyecto, al menos, sea evaluado nuevamente”, concluyeron los diputados Melo y Vallejo.
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