Por Annika Schüttler, jefa de Proyectos de Energía de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (Camchal).
En diciembre, Chile será el país anfitrión de la reunión de Conferencia de las Partes (COP) de Naciones Unidas, la cumbre sobre cambio climático más importante del mundo. La cita en Santiago buscará fijar criterios para el cumplimiento del Acuerdo de París, pacto con el cual Chile se comprometió a reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta el año 2030 tomando como base lo que emitió en 2007.
Para alcanzar el cumplimiento de estas metas, es fundamental asegurar la contribución del sector industrial en esta tarea. Una de las medidas más efectivas para reducir emisiones de GEI es mejorar la eficiencia energética. Para el sector privado, esto es lograr producir lo mismo consumiendo menos energía y, por ende, reducir las emisiones de CO2, ya que la electricidad al igual que la energía térmica, hasta el día de hoy, se genera en gran parte en base a recursos fósiles.
Annika Schüttler .
La pregunta que surge es: ¿cómo lograr identificar, estimular y fiscalizar la implementación efectiva de medidas de eficiencia energética dentro del sector privado?
Tomemos el sector agroalimentario, una de las principales fuentes de ingreso de la economía nacional, como ejemplo para encontrar respuestas a esta pregunta. Según el Tercer Informe Bienal de Actualización de Chile Sobre Cambio Climático publicado en 2018 por el GEF, el sector de agricultura, que incluye las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a las actividades agropecuarias, representó un 7,2 % del balance nacional de GEI en 2016.
Pese a estos números, en las categorías incluidas en la contabilización de las emisiones del mismo sector, no son consideradas las denominadas emisiones indirectas de la agricultura como la energía gastada en la fabricación de fertilizantes, ni en la producción agrícola y la utilización de maquinaria, ni en el transporte (de insumos y cosechas). Por lo cual, si se consideran las emisiones directas e indirectas, el porcentaje de emisiones atribuible a la agricultura sería mucho mayor.
Si a esto se suma la meta de Chile de doblar las exportaciones de alimentos y forestales al año 2030, se realza la importancia de que este sector logre introducir medidas que disminuyan significativamente las emisiones de GEI por unidad de producto producido.
En este sentido Camchal, la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, a través de su proyecto ‘Smart Energy Concepts’ está realizando un importante trabajo en el sector para apoyar a las empresas a disminuir sus emisiones de CO2 a través de la implementación de medidas de eficiencia energética.
Camchal lanzó una Convocatoria para Estudios de Factibilidad de Medidas de Eficiencia Energética y ERNC, con que cofinancia estudios que buscan justamente revelar información acerca de medidas de reducción de emisiones que tienen sentido desde un punto de vista técnico y económico, generando de esta manera información relevante para orientar a empresas y también a las políticas públicas que vayan orientadas a incentivar la aplicación de las medidas para así poder alcanzar a cumplir desde el sector agroalimentario con las metas de reducción de emisiones propuestas.
En el caso del riego se puede graficar lo anterior dado la importancia de saber dónde poner las fichas para lograr las metas de reducción de emisiones. En la producción primaria, este proceso es uno de los principales consumidores de energía, y por ende generador de emisiones si es que la empresa no se provee de electricidad a partir de fuentes de energía renovable. Además, es un proceso que año a año está cobrando más importancia, debido a que la superficie nacional sujeta a riego para la producción agrícola va aumentando en vista de los cambios en los patrones de lluvia a lo largo del país. Se prevé que, dentro de los próximos 8 años, la superficie de riego tecnificado debiera duplicarse llegando a 600 mil hectáreas, aproximadamente.
En la mayoría de los campos que operan con riego tecnificado una misma bomba de riego es utilizada para regar diferentes cuarteles, cuyo tamaño, lejanía y requerimiento de caudal varía.
En esos casos la bomba siempre trabaja a máxima potencia aun cuando esto no fuera requerido, generando un mayor consumo eléctrico y estresando los equipos. Por ello, en estos casos, se debieran aplicar variadores de frecuencia, que son reguladores industriales, que permiten regular la energía antes de que ésta llegue al motor para luego ajustar la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del procedimiento.
A partir de los estudios cofinanciados por Camchal, se pudo determinar que en promedio un equipo de 30HP, con un funcionamiento constante durante la temporada de riego, se logra un ahorro energético de un 20% a un 30%, lo que se vería reflejado uno a uno en el ahorro en términos de emisiones de CO2. Los estudios también han confirmado que esta medida es económicamente factible: las empresas podrían alcanzar una tasa de retorno de 2 a 3 años, lo que es completamente aceptable para las empresas del sector.
Este es el tipo de información necesaria para determinar las medidas concretas que debiesen ser implementadas por el sector agroalimentario para poder lograr la meta de reducir en 30% las emisiones de GEI y generar las políticas públicas que incentiven su implementación. En este caso, las autoridades debieran regular todos los nuevos equipos de bombeo de manera que para permitir su instalación se tuviera que cumplir con la incorporación de variadores de frecuencia. Por otra parte, de forma paulatina, se debería evaluar su incorporación en equipos ya instalados.
