Una profunda investigación de la situación hídrica de la Región de Antofagasta y de todo el país, solicitó el diputado Marcos Espinosa a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, estudio que contemplaría no sólo las cuencas hidrográficas, sino que además el estado de salares, humedales y bofedales, junto con conocer la condición de las napas subterráneas, de relaves mineros y las aguas superficiales.
La comisión investigadora, que se constituirá esta semana luego que fuera aprobada en sala, tendría como objetivo, explicó Espinosa, “tener una fotografía actualizada de los recursos hídricos disponibles en la Antofagasta y el país. Además queremos determinar si las entidades públicas encargadas de fiscalizar el adecuado cumplimiento de la normativa, en materia de derechos de agua y concesiones mineras, están actuando adecuadamente”.
Entidades que son múltiples y variadas, detalló el parlamentario radical, entre las que figuran la Dirección General de Aguas (DGA); la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la Corporación Nacional Forestal (Conaf); el ministerio de Medio Ambiente y el de Obras Públicas, entre otros.
Esto se hace urgente considerando, que en Antofagasta se hizo ya una denuncia respecto del uso indebido de un derecho de agua por parte de una empresa minera, que afectó gravemente el ecosistema del salar de Punta Negra. “Entonces queremos saber cuál es el informe que ha evacuado la Conaf en relación al estado de los ecosistemas, porque en el caso de este salar la baja del agua causó la muerte o la migración de la flora y fauna, respectivamente”, dijo.
Como tercer lugar, agregó el congresista, la comisión tendrá como objeto poner en discusión el conjunto de proyectos de ley que hoy están en las comisiones de Recursos Hídricos, Minería, y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que dicen relación con las debilidades del Código de Aguas y el Código Minero en relación a la preservación y sustentabilidad de los recursos hídricos.
“Queremos llamar la atención de la opinión pública, respecto de la urgente necesidad que tenemos de hacer correcciones de nuestro Código de Aguas, aprovechando además la coyuntura del proceso constituyente, para establecer claramente el rol del Estado como administrador y responsable de garantizar los recursos hídrico para el consumo humano”, expresó Espinosa.
