La judicialización de proyectos es un fenómeno que ha golpeado por igual a todas las industrias. Ahora le tocó el turno al grupo Angelini y su proyecto forestal Modernización Ampliación Planta Arauco, más conocido como MAPA.
Esta iniciativa, que implica la inversión más cuantiosa de Arauco en el país (US$2.000 millones), deberá sortear un nuevo obstáculo, ya que un grupo de cinco comunidades mapuche presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
El requerimiento cuestiona el rol de la institucionalidad ambiental, y de paso busca impugnar el proceso que concluyó con la entrega de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa.
Según las comunidades se habrían vulnerado dos garantías constitucionales: amenaza, perturbación y privación al derecho a igualdad ante la ley y derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Según los demandantes, “los antecedentes arribados durante toda la calificación ambiental, resultan del todo desproporcionados, arbitrarios e ilegales”.
Pero eso no es todo. Las comunidades piden a la corte que emita una orden de no innovar en la construcción del proyecto, argumentando que no se habrían cumplido las garantías del convenio 169 de la OIT. Con esa carta bajo la manga, los mapuches esperan paralizar el desarrollo de la iniciativa, “dejando sin efecto la referida RCA o en su defecto se retrotraiga el procedimiento administrativo a la etapa legal pertinente, en que se pueda dar cumplimiento a la consulta indígena (…) con estricto apego a las exigencias constitucionales”, sostiene el recurso de protección.
La defensa de Arauco
Una vez enviado el requerimiento, el brazo forestal del grupo Copec se hizo parte en la disputa legal.
La compañía también argumentó la vulneración de principios constitucionales como parte de su defensa. “La acción de protección intentada cuestiona y compromete el derecho de nuestra representada a desarrollar la actividad económica lícita que constituye su giro, al controvertir su derecho a obtener y conservar las autorizaciones necesarias para llevar adelante dicha actividad económica”, dijo la forestal.
En la misma línea, la empresa afirmó que de acogerse la tesis de las comunidades mapuche, “los derechos e intereses protegidos constitucionalmente se podrían llegar a ver seriamente afectados”.
De igual manera, el titular del proyecto MAPA defendió el proceso de evaluación que se inició con el ingreso de su estudio de impacto ambiental en abril de 2012.
“El interés invocado también debe ser considerado actual, debido a que la acción de protección impugna una resolución de calificación ambiental que es resultado de un complejo proceso de evaluación de impacto ambiental llevado a cabo por nuestra representada antes la autoridades competentes”, afirmó en su defensa el brazo forestal de empresas Copec.
EL RESPALDO DEL GOBIERNO.
Tras la presentación del recurso que cuestiona el millonario proyecto, el gobierno salió al paso y a través de un escrito enviado al tribunal de alzada penquista, afirmó que la consulta indígena que se reclama “fue efectuada por el órgano de la administración del Estado competente para conocer de los asuntos medioambientales, esto es el SEA”.
Adicionalmente, manifestó que dentro de la metodología de la consulta se llevaron a cabo diversas reuniones con comunidades y asociaciones donde participaron sólo cuatro de las demandantes.
“El hecho de que las recurrentes se hayan abstenido de participar o desconocido dicha participación, tan como se enuncia, no implica que el proceso de consulta indígena no se haya efectuado”, sostuvo el gobierno.
Recuadro :
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El Proyecto
- 2012 Comenzó la sociabilización del proyecto MAPA en la comuna de Arauco, Región del Bio bío.
- US$2.000 Millones. Es la inversión contemplada para el desarrollo del proyecto desarrollado por Arauco.
- 2,1 Millones de toneladas de celulosa por año espera producir Arauco en su nuevo complejo forestal industrial (CFI). Además, la planta generará 166 MW de excedente para el SIC.
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Fuente: Pulso
