El Colegio Médico de Chile solicitó a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, reponer de manera urgente dos de los 43 decretos ambientales retirados de Contraloría General de la República, debido a sus efectos directos sobre la salud de la población: la norma de emisión para centrales termoeléctricas a carbón (DS N°8 de 2025) y la actualización de la norma primaria de calidad del aire para material particulado fino MP2,5 (DS N°3 de 2026).
A través de un oficio firmado por la presidenta nacional del gremio, Dra. Anamaría Arriagada, y el presidente del Departamento de Medio Ambiente, Dr. Yuri Carvajal, la entidad sostiene que ambas regulaciones son fundamentales para prevenir enfermedades cardiovasculares, respiratorias y distintos tipos de cáncer asociados a la contaminación atmosférica, por lo que su paralización representa un retroceso para la salud pública.
El Colegio Médico advierte que ambas normas acumulan un retraso de al menos 11 años en su actualización, pese a que la legislación establece que sus estándares deben revisarse cada cinco años. Asimismo, enfatiza que la exposición a contaminantes como el material particulado fino y las emisiones provenientes de centrales termoeléctricas constituye un determinante ambiental de la salud que escapa al control individual de las personas, por lo que requiere una respuesta decidida desde las políticas públicas.
Enfermedades respiratorias
En la carta enviada al Ministerio del Medio Ambiente, el gremio médico recuerda que existe abundante evidencia científica nacional e internacional que relaciona la contaminación del aire con un mayor riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer e incluso mortalidad prematura. En ese contexto, considera contradictorio que estos decretos hayan sido retirados cuando el propio Gobierno ha declarado una Alerta Sanitaria Oncológica en el marco de la Estrategia Nacional de Salud.
Uno de los principales argumentos del Colegio Médico es que ambas normas cumplieron con sus respectivos procesos técnicos y regulados, desarrollados bajo distintas administraciones. Los decretos pasaron por las etapas reglamentarias correspondientes, incluyendo la revisión de antecedentes técnicos y científicos, proceso de participación ciudadana, Comité Operativo Ampliado y la elaboración de los Análisis Generales de Impacto Económico y Social (AGIES), que evaluaron tanto sus costos como los beneficios sanitarios y económicos asociados a una mejor calidad del aire.
“Retrasar la implementación de estas normas significa mantener a la población expuesta a contaminantes locales que aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cánceres y muertes, afectando especialmente a niños y niñas, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, que son quienes enfrentan las mayores consecuencias de la contaminación del aire. Reingresar estos decretos es una medida urgente de salud pública que permitirá prevenir enfermedades, salvar vidas y avanzar hacia un medioambiente más sano para toda la población”, planteó Pamela Schellman, secretaria técnica del Departamento Nacional de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile.
¿Qué pasa con las termoeléctricas?
Respecto al análisis técnico de impacto económico y social de la Norma para Centrales Termoeléctricas a carbón, que inició su proceso de revisión y actualización en septiembre de 2020 e ingresó a Contraloría General de la República en octubre de 2025 y hace más exigente los límites de emisión de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, proyectó que el endurecimiento de los límites, permitiría generar beneficios sociales estimados en US$91 millones entre 2025 y 2040, principalmente por la reducción de muertes prematuras, hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de otros efectos asociados a la contaminación atmosférica, según lo registrado en las propias AGIES de ambos decretos.
En tanto, la actualización de la norma para MP2,5, que propone reducir el límite anual desde 20 a 15 microgramos por metro cúbico y el límite diario desde 50 a 38 microgramos por metro cúbico, acercando gradualmente la regulación chilena a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, generaría beneficios sociales valorizados en US$8.873 millones entre 2026 y 2035, con beneficios netos cercanos a US$7.234 millones derivados de la disminución de la morbilidad y la mortalidad asociadas a la contaminación del aire.
“Estas normas son el resultado de años de trabajo técnico y está sustentado en evidencia científica robusta. Su elaboración cumplió con todas las etapas establecidas por la legislación, incluyendo procesos de participación ciudadana, evaluación de impactos económicos y sociales, y la revisión por Comités Operativos Ampliados. Retrasar su entrada en vigencia significa postergar beneficios ambientales, sanitarios y económicos que ya fueron ampliamente evaluados y demostrados”, explica Gonzalo Melej, coordinador de Proyecto de Descarbonización de Chile Sustentable,
Además de solicitar a la ministra del Medio Ambiente el reingreso de estas normas, el Colegio Médico envió oficios a las presidencias del Senado, de la Cámara de Diputadas y Diputados y a las comisiones de Salud de ambas corporaciones, buscando sumar respaldo para que los decretos puedan avanzar. El gremio llamó al Ejecutivo a reponerlos con rapidez y reforzar la protección ambiental, considerando que la salud de los ecosistemas está directamente relacionada con la salud y calidad de vida de las personas.
