En tiempos en que las economías buscan crecer para satisfacer las diversas necesidades humanas, olvidamos con frecuencia que la base de toda economía es la naturaleza. Sin agua, suelos fértiles, bosques sanos, mares limpios y ecosistemas saludables, no hay agricultura, pesca, energía ni bienestar.
La biodiversidad —la diversidad de la vida en todas sus formas— es esencial. Su deterioro más allá de los márgenes de recuperación, sin inversiones equivalentes en su cuidado, conservación y restauración, conduce a su pérdida, afectando a la economía, las industrias, el empleo y el bienestar de las poblaciones humanas.
Sin embargo, Chile —cuya economía depende fuertemente de su capital natural— invierte menos del 0,1 % de su PIB en protegerlo.
El nuevo estudio sobre gasto público en biodiversidad, elaborado por el PNUD junto al Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda, muestra que entre 2015 y 2022 el gasto público en biodiversidad alcanzó un promedio anual de $226 mil millones, equivalente al 0,36 % del gasto público total y 0,09 % del PIB nacional. Estos datos revelan un desafío estructural: Chile invierte cinco veces menos que el promedio de los países de la OCDE en cuidar su biodiversidad, una brecha que refleja no solo limitaciones presupuestarias, sino también falta de decisión política.
La biodiversidad no es un lujo verde; es un activo económico estratégico. Su pérdida genera costos visibles y ocultos: pérdida de empleos y productividad, crisis hídricas, desastres climáticos más severos y un mayor gasto público en respuesta a emergencias. Invertir en biodiversidad es invertir en seguridad económica, social y ambiental; es prevenir riesgos financieros y fortalecer la resiliencia del país.
Chile ha comenzado a reconocer la interdependencia entre su economía y la naturaleza. Con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el impulso de mecanismos financieros verdes —bonos sostenibles, certificaciones, compensaciones y pagos por servicios ecosistémicos— junto con alianzas público-privadas, el país puede transformar su modelo productivo hacia un desarrollo verdaderamente sostenible, justo e inclusivo.
Financiar la vida es financiar el futuro.
