En abril, Chile contribuyó a cerrar uno de los acuerdos climáticos más importantes del año: un acuerdo sobre el primer sistema global de fijación de precios de las emisiones para un contaminador internacional, el transporte marítimo mundial, en la Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres.
En virtud del mecanismo acordado —y jurídicamente vinculante— denominado ‘Marco de Cero Emisiones Netas (Net-Zero Framework) de la OMI’, las empresas navieras estarán obligadas a reducir gradualmente la intensidad de carbono de la energía que utilizan en sus buques, de acuerdo con los objetivos fijados, y a pagar multas por incumplimiento. Se espera que el Marco genere hasta 15.000 millones de dólares al año en 2030 en fondos climáticos y contribuya a reducir las emisiones de este sector.
Si bien los barcos son un importante facilitador del comercio mundial, ya que transportan alrededor del 90% de todos los bienes comercializados en todo el mundo, en la actualidad funcionan casi exclusivamente con combustibles fósiles. Como resultado, el sector produce alrededor del 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que supone más que la mayoría de los países del mundo y casi 10 veces más que las emisiones anuales de Chile.
El acuerdo de la OMI es una señal muy necesaria de que el multilateralismo aún puede impulsar la acción climática, pero también demuestra que la era del transporte marítimo impulsado por combustibles fósiles está llegando definitivamente a su fin y que la carrera por proporcionar energía limpia en el futuro ha comenzado.
Y aquí es donde Chile tiene la oportunidad de seguir impulsando a la OMI.
De aquí a 2027, cuando el mecanismo acordado entre en vigor, los países deben ultimar varios detalles políticos fundamentales del Marco. Estos detalles determinarán si el transporte marítimo se transformará en un verdadero defensor del clima impulsado por energías renovables o si se quedará estancado en soluciones falsas y sin futuro, a menudo peores que los combustibles fósiles.
Para Chile, lo que está en juego es si aprovechamos esta oportunidad y contribuimos a acelerar nuestra revolución industrial verde. Con abundantes fuentes de energía renovable, Chile podría convertirse al menos en el tercer mayor exportador mundial de combustibles electrónicos basados en hidrógeno verde, siendo el transporte marítimo uno de los principales compradores e impulsores de las inversiones. Según una estimación, Chile podría recibir una inyección financiera de 90.000 millones de dólares si sus buques pasaran a utilizar combustibles electrónicos producidos a partir de energías renovables.
Pero para que esto sea posible, la OMI deberá dar tres pasos clave en la finalización de la normativa.
En primer lugar, necesitamos incentivos y recompensas claros en el Marco para la adopción de hidrógeno verde auténtico, amoníaco verde y otros tipos de combustibles electrónicos producidos con energía renovable. Esto proporcionaría a la industria la certeza necesaria para aumentar las inversiones en países como Chile y comenzar a producir rápidamente.
Si no se incentivan claramente los combustibles electrónicos renovables, estos se verán obligados a competir con combustibles más baratos pero insostenibles, como el gas fósil (GNL) y los biocombustibles, hasta 2040, lo que haría que países como Chile perdieran oportunidades de crecimiento económico y pondría en riesgo las inversiones existentes en hidrógeno verde.
En segundo lugar, la OMI debe dar un paso más y cerrar las lagunas jurídicas que actualmente permiten el uso de gas fósil (GNL) y biocombustibles derivados de cultivos.
La quema de GNL en los buques está indudablemente relacionada con grandes fugas de metano, un potente gas que, a corto plazo, es 82 veces más contaminante que el CO2, mientras que los biocombustibles derivados de cultivos son conocidos por sus enormes repercusiones climáticas y medioambientales, que pueden ser peores que las de los combustibles fósiles. Entre ellas se incluyen la deforestación, el aumento de las emisiones y el acaparamiento de tierras. Sin embargo, el apoyo a los biocombustibles que permiten la valorización de los residuos orgánicos es una contribución positiva que puede prevenir las emisiones de metano.
La mejor manera en que la OMI puede prevenir esto es teniendo en cuenta el ciclo de vida completo de las emisiones de los biocombustibles, incluidos sus impactos cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC), a la hora de evaluar las opciones energéticas para los buques.
Por último, siguen sin resolverse importantes cuestiones sobre cómo se gastarán los ingresos generados por el Marco de la OMI, los cuales ascienden a miles de millones de dólares al año.
En este sentido, es esencial que los países acuerden destinar este dinero no solo al sector marítimo, mejorando el transporte marítimo y los puertos para alcanzar las cero emisiones,-lo cual es una gran prioridad para los países en desarrollo y vulnerables-, sino también a la financiación de las capacidades de producción de energía renovable y las infraestructuras. Esto es de especial importancia para Chile, que podría invertir los ingresos en nuestro Plan Nacional de Hidrógeno Verde y aprovechar nuestro potencial de energía verde.
El acuerdo de la OMI es una oportunidad de inversión para Chile, si estamos preparados para aprovecharla.
Las negociaciones se reanudarán en una cumbre en octubre, donde se espera que los países adopten formalmente el mecanismo y discutan los detalles técnicos que ayudarán a decidir no solo el futuro del transporte marítimo, sino también el de la industria ecológica de Chile.
Es una oportunidad para que nuestro Gobierno defienda con firmeza no solo la ambición de depurar un contaminante mucho mayor que Chile, sino también de hacer realidad la revolución de la industria ecológica de Chile.
