Gobierno prohibirá uso de bolsas plásticas en ciudades costeras del país

La medida anunciada por la Presidenta de la República en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas busca fortalecer la estrategia de protección de nuestros ecosistemas marinos a lo largo del país.

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La contaminación en los océanos de todo el mundo, es un problema ambiental que alerta a las autoridades y amenaza nuestro ecosistema, considerando que a 2050 existiría igual cantidad de plástico que peces en los mares.

En medio de este escenario, la Presidenta Michelle Bachelet anunció el ingreso de una indicación sustitutiva –proyecto de  Ley– que tendrá como fin prohibir el uso de bolsas plásticas en el comercio de comunas costeras oceánicas, a lo largo del país.

La Mandataria comunicó la iniciativa ayer en Nueva York, en medio de la 72° Asamblea General de las Naciones Unidas. A su vez, la jefa de Estado participará de una serie de reuniones bilaterales y firmas de tratados internacionales y en el evento de alto nivel sobre manejo sustentable de recursos oceánicos titulado “The Oceans–a wealth of opportunities”.

En su discurso, la presidenta comunicó que “presentaremos un proyecto de ley que prohibirá el uso de bolsas plásticas en ciudades costeras en un plazo de 12 meses. Esta ley permitir a la ciudadanía aportar en la protección de los océanos. Seremos, así, el primer país de América en implementar este tipo de ley, y llamamos a que otros países asuman esta responsabilidad”, destacó.

Por su parte, el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien acompañó a la presidenta Bachelet en la Asamblea, recalcó que “la prohibición de bolsas plásticas en comunas costeras es fundamental para la protección de los océanos y su biodiversidad. Abarca un problema de manejo de residuos, del cual debemos hacernos cargo a corto plazo, porque las consecuencias ponen en riesgo la preservación de nuestras especies”, dijo.

En efecto, el proyecto se enmarca como parte de la estrategia de protección oceánica cuyo compromiso de gobierno permitirá pasar de un 4,3% de protección de zonas económicas exclusivas existentes en el año 2014, a un 46% en 2018.