En el contexto de la discusión del proyecto que modifica el Código de Aguas, un importante avance registró esta semana la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, tras aprobar una indicación que elimina una norma vigente que permite a las empresas mineras utilizar las aguas que afloren en el área de sus faenas, conocidas como aguas del minero. En estos casos no existe obligación de informar ni de contar con un derecho de aprovechamiento del recurso entregado por la Dirección General de Aguas (DGA).
Así lo informó la presidenta de la instancia legislativa, Yasna Provoste, quien, además, fue autora de la indicación que permitió el cambio normativo. “Representa una muy buena noticia para quienes sostenemos que el agua debe ser un bien de uso público y cuya priorización debe estar en el consumo humano y los respectivos ecosistemas, privilegiando a las comunidades antes que a los intereses de las grandes mineras. Esta norma además impedía que la autoridad tuviera información pertinente sobre lo que se extrae y utiliza en las cuencas donde opera la minería en las regiones del norte y centro del país”, especificó.
La diputada recordó que, en abril de este año, la Comisión de Recursos Hídricos no logró avanzar en la materia y valoró la posibilidad de revisar el punto nuevamente, esta vez, con un resultado no solo positivo, sino que además apoyado por unanimidad de los miembros de la Comisión.
«Terminamos con los privilegios hacia un sector productivo; pero, también, hace justicia desde el punto de vista de simplificar estos requisitos para los pequeños mineros, lo que ha sido un elemento que va en la línea de lo que forma parte de las modificaciones al Código de Aguas: fortalecer el agua como un bien nacional de uso público y establecer condiciones y privilegios para los más pequeños y las garantías necesarias para el consumo humano”, comentó.
Finalmente, Yasna Provoste expresó su anhelo que la propuesta sea ratificada por la Sala, particularmente porque lo que se busca es privilegiar a las comunidades indígenas, a la agricultura familiar campesina y al sistemas de agua potable rural, conjuntamente con fortalecer el rol y las atribuciones de la Dirección General de Aguas.
