Una amplia y transversal reacción generó el retiro de 43 decretos ambientales impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, luego de que más de 200 organizaciones socioambientales y científicas emitieran una declaración pública alertando sobre sus efectos.
En la declaración, organizaciones, entre las que se incluyen Fundación Ecosur, ONG FIMA y Oceana, advierten que la medida podría implicar impactos directos en la salud de las personas y en los ecosistemas del país. “Hacemos un llamado de alerta frente a los posibles retrocesos ambientales, en la salud y en la vida de las comunidades que esto puede significar” .
Normas clave y protección de especies en riesgo
La declaración enfatiza que los decretos retirados no son menores, ya que abordan materias críticas como normas de calidad del aire, planes de descontaminación, instrumentos climáticos y reglamentos del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Además, advierten que también se ven comprometidas medidas concretas de conservación: “Se encuentran normas de calidad ambiental (incluyendo material particulado fino y plomo), normas de emisión para industrias, planes de descontaminación (…) así como la creación de múltiples áreas protegidas en distintas regiones del país” .
En esa línea, el documento menciona directamente la afectación a especies emblemáticas, como el pingüino de Humboldt y la ranita de Darwin.
Críticas por freno a avances técnicos y participativos
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento apunta al proceso detrás de estos decretos, señalando que muchos de ellos fueron construidos durante años.
“En su mayoría tras largos procesos técnicos, acuerdos administrativos y procesos participativos”, sostienen, agregando que su retiro “constituye además una falta de respeto para organizaciones, personas y empresas que han contribuido en estos procesos democráticos” .
Asimismo, recalcan que esta decisión implica un retroceso en la implementación de políticas públicas clave: “Significa un retraso en la implementación de medidas que, en muchos casos, son urgentes para avanzar hacia estándares ambientales más exigentes”.
Llamado al gobierno a transparentar decisiones
Frente a este escenario, las organizaciones hicieron un llamado directo al Ejecutivo para revertir o, al menos, explicar la medida.
“Resulta urgente que las autoridades (…) expliquen públicamente las pretensiones al retirar dichos instrumentos, ya que la ciudadanía no puede quedar en la incertidumbre frente a decisiones que afectan directamente su calidad de vida” .
Además, instaron a abrir espacios de diálogo con la sociedad civil y el mundo científico, subrayando la necesidad de mantener estos instrumentos para enfrentar la crisis climática y ecológica.
Reacción en medio de una semana clave para la agenda ambiental
Esta declaración se suma a un contexto marcado por otras decisiones recientes del gobierno, como la suspensión del proceso de definición de sitios prioritarios para la conservación y la solicitud de renuncia de autoridades ambientales, lo que ha sido interpretado por distintos actores como un cambio de rumbo en la política ambiental del país.
