Los incendios forestales no cesan, y la tragedia se repite año tras año, no solo en América, sino en todo el mundo. Mientras el hemisferio norte enfrenta su temporada de calor extremo, con fuegos que vuelven noticia a California, Portugal o España, el hemisferio sur entra a su propio “turno” de emergencia. Australia lo conoce demasiado bien; Brasil lo vive con frecuencia; y este enero de 2026, la Patagonia Argentina también arde: en Chubut, las autoridades han reportado afectación de miles de hectáreas y daños a ecosistemas y viviendas, con focos que se multiplican en condiciones de sequía, calor y viento.
Pero hoy el foco está acá, en Chile, y duele cerca. En la zona centro-sur, los incendios de enero de 2026 ya han dejado al menos 18 personas fallecidas, decenas de miles de evacuados y temperaturas que han rozado los 38 °C, con vientos que empujan el fuego como si tuviera agenda propia. La emergencia en Biobío y Ñuble no es solo un fenómeno natural, es un desastre socioecológico, donde clima extremo y decisiones humanas se retroalimentan.
La ciencia lleva años avisando que el planeta se está calentando y que ese calentamiento intensifica el riesgo, más olas de calor, vegetación más seca, temporadas más largas y ventanas de control más cortas. NASA muestra que la temperatura media global ya aumentó en más de 1 °C desde 1880 y que el calentamiento se aceleró desde mediados de los 70. Además, 2024 fue el año más cálido registrado por NASA, y su estimación sitúa al planeta alrededor de 1,47 °C por encima del promedio de mediados del siglo XIX (1850–1900). Eso no “prende” incendios por sí solo, pero sí deja el sistema listo con combustible seco, estrés hídrico y propagación más rápida.
En Chile, a esa base climática se le suma un segundo combustible, la planificación (o su ausencia). Vivir en interfaz urbano-rural sin franjas de amortiguación efectivas; es infraestructura crítica expuesta; es paisaje fragmentado y altamente inflamable; es la combinación de viento, pendiente y continuidad de combustibles que transforma un foco en un frente. Y cuando el fuego entra a barrios completos, lo que se quema no son solo hectáreas, se quema la capacidad de evacuar, de mantener luz, agua, conectividad y cuidados.
¿Hay herramientas y plan? Sí. El Estado lanzó el Plan de Acción 2025–2026 para prevención, mitigación y control de incendios forestales, con un presupuesto informado de $160.803 millones, aumento de brigadas (252 a 319) y de aeronaves (62 a 77), además de programas y coordinación interinstitucional. También existen plataformas operativas que ya entregan información útil: CONAF publica la situación y pronóstico de incendios y utiliza el “Botón Rojo” para identificar condiciones críticas (con criterios como probabilidad de ignición ≥70% y viento ≥20 km/h en la tarde). A escala global, NASA ofrece FIRMS con detecciones satelitales casi en tiempo real (MODIS/VIIRS) para monitoreo y análisis. Y en Australia opera capacidades de modelación como Spark (CSIRO), que integra datos meteorológicos y del terreno para predecir propagación y apoyar decisiones, entre otros.
Entonces, la pregunta incómoda no es si existen datos o tecnología, es por qué seguimos decidiendo tarde. Exigir ordenar el paisaje, regular riesgos en la interfaz, diseñar cortafuegos y mosaicos de combustibles, proteger infraestructura crítica, fortalecer alertas y evacuación, y financiar ciencia aplicada y evaluación independiente. Exigir transdisciplina real donde conecte clima, ecología, ingeniería, salud, urbanismo, economía, cultura local y gobernanza en la misma mesa, porque el fuego no respeta administraciones.
