Chile es un país que depende esencialmente de los recursos naturales para su desarrollo económico, pero muchas formas de intervención territorial y la sobreexplotación del patrimonio natural, han provocado que 60% de las especies nativas endémicas se encuentren en peligro de extinción. No podemos seguir así.
Nuestro país además, ha sido reconocido como el primer destino turístico mundial gracias a sus paisajes y a su biodiversidad. Pero la naturaleza no es un adorno sino un sistema que produce servicios ecosistémicos, como la provisión de agua limpia, suelo fértil, polinización, cultivos, alimentos y mucho más.
Destruir el patrimonio natural es hipotecar el desarrollo del país. La Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, el ministerio, la Superintendencia del Medio Ambiente, la Ley Marco de Cambio Climático y el Servicio de Biodiversidad constituyen avances que han permitido prevenir, enfrentar daños, descontaminar ciudades, y remediar pasivos ambientales. Estas regulaciones también han permitido a Chile cumplir los compromisos ambientales y climáticos internacionales, acreditar las condiciones ambientales que exigen los tratados de inversión y comercio, y los mercados internacionales de los minerales, de la madera y de los alimentos, entre otros.
La Dra. María Isabel Manzur, investigadora en biodiversidad y recursos genéticos de ChileSustentable, sostiene que “los gremios empresariales se han agrupado bajo un falso discurso que culpa a las leyes ambientales del estancamiento económico. Sin embargo, el estancamiento económico y el desempleo no son consecuencia de las normas ambientales, ni de la Ley SBAP, que aún no se implementa. Todos saben que ha habido crecimiento económico bajo estas mismas regulaciones durante gobiernos anteriores”.
“Lo que está profundamente mal es el modelo primario extractivista de recursos naturales que se ha perpetuado en el país y que impacta gravemente el ambiente. La arremetida de las empresas para destruir la Ley SBAP busca perpetuar dichos extractivismos, ahora sin ningún control. Nos parece lamentable el intento por frenar la implementación de esta ley”, sostiene la Dra. Manzur,
“La Ley SBAP es fruto del patrocinio y trabajo de los últimos cuatro gobiernos de distinto signo político. Se discutió durante 13 años en el Congreso y todos los sectores tuvieron suficiente tiempo y espacio para opinar, participar y proponer modificación de su contenido. Intentar ahora, utilizar la coyuntura electoral para frenar la implementación de esta Ley, argumentando expropiación regulatoria es un insulto a la institucionalidad democrática y sería un retroceso en las condiciones y compromisos ambientales contenidos en nuestros acuerdos de comercio e inversión; un retroceso de las mejoras comprometidas con la OECD y en los acuerdos internacionales que reconoce nuestra Constitución”, agregó Sara Larraín, directora de ChileSustentable.
Los sitios prioritarios para la conservación, a que aluden los gremios, “han sido una ganancia en biodiversidad desde los años 90, fueron establecidos con amplia participación de las regiones y la comunidad científica, y que ahora la Ley SBAP busca revisar y ordenar. El reconocimiento de los sitios prioritarios no afecta los permisos vigentes de actividades productivas en su interior. Las organizaciones ambientales llamamos a los gremios empresariales a respetar las leyes y estándares que han robustecido el bienestar y desarrollo del país; y a utilizar la institucionalidad democrática para discutir las transformaciones que deseen proponer”, concluyeron.
