Tanto a nivel nacional como internacional, los estados han tendido a preocuparse más por las medidas de mitigación del cambio climático que de adaptación; y claro que las primeras son importantes para continuar con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero siendo Chile un país tan frágil a éste fenómeno, hace más sentido que nos enfoquemos en nuestra principal debilidad: la vulnerabilidad frente a la crisis climática.
Acorde a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Chile es un país altamente vulnerable a este último. Cumplimos con la mayoría de los criterios de vulnerabilidad: contamos con áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, territorio susceptible a desastres, áreas propensas a sequía y desertificación, zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica, y ecosistemas montañosos.
Frente a este escenario, es de suma urgencia que trabajemos en la adaptación de la población a las nuevas condiciones impuestas por la triple crisis planetaria (biodiversidad, contaminación y cambio climático) para reducir esta vulnerabilidad. Esto quiere decir que debemos generar estrategias en distintos sectores y a diferentes niveles.
Esto no quiere decir que debamos abandonar nuestros esfuerzos en mitigación y que sigamos quemando combustibles fósiles tranquilamente, sino que debemos comprender que adaptación y mitigación van de la mano. De no llevar a cabo ambas estrategias de forma integrada, ponemos en riesgo la continuidad de nuestra especie, entre otras consecuencias, debido a que ya se han traspasado siete de nueve límites planetarios. Por otro lado, tampoco podemos mantener el estilo de vida que llevamos, porque las condiciones han cambiado irreversiblemente a este punto.
La triple crisis planetaria nos lleva al colapso del sistema actual. El costo de la inacción frente a estas crisis en los ocho sectores económicos clave de Chile representa pérdidas por US $4.120 millones a mediados de siglo.
Estos problemas económicos desencadenan otros, como la amenaza a los empleos y los ingresos de la población, el incremento de la vulnerabilidad social de ciertos sectores de la población más expuestos, lo que a su vez puede provocar malestar social, inestabilidad política, conflictos y migración forzada.
Lamentablemente, las estrategias y medidas tomadas por los estados a nivel global no han brindado los resultados esperados, ni en mitigación ni en adaptación, debido en parte a la lentitud de los acuerdos y las acciones gestadas “de arriba hacia abajo”.
A nivel nacional, contamos con la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) publicada en 2022. Esta establece, entre otras cosas, los objetivos, metas e indicadores de la Estrategia Climática de Largo Plazo, los Planes de Acción regionales y comunales de Cambio Climático, lineamientos para las medidas de adaptación respecto de las Soluciones Basadas en la Naturaleza, y la creación obligatoria de Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático, que ya se venían desarrollando en el marco del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC).
Si bien la LMCC potencia la creación de instrumentos normativos de adaptación al cambio climático, con planes por comuna, región e incluso sector económico, lamentablemente estas estrategias han visto retrasada su elaboración y puesta en marcha.
Ninguno de los Planes Sectoriales de Adaptación ha sido publicado oficialmente, algunos aún se encuentran en elaboración. Se suma a esto que sólo un 6% de las comunas del país han finalizado y aprobado sus Planes de Acción Comunal de Cambio Climático a marzo de 2025 (22 de 345 municipalidades) y que 31% de los municipios aún no ha comenzado la elaboración de estos instrumentos.
Esto pone nuevamente en evidencia la poca eficiencia de las estrategias de arriba hacia abajo, ya que, como indica el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), hay múltiples factores que influyen en el desarrollo de estos planes comunales, entre ellos la burocracia implicada, la voluntad política, las capacidades técnicas, el contar con iniciativas ambientales previas, o los problemas estructurales de nuestro país, como la desigualdad de recursos entre las mismas comunas, que hace muy complejo no sólo desarrollar instrumentos de planificación, sino también ejecutarlos. Esta es una realidad conocida en la punta de la pirámide del Poder Ejecutivo, sin embargo, la estrategia no cambia.
Mientras existan comunas con ocho veces más presupuesto per cápita que otras, y comunas en las que nunca se han implementado medidas ambientales, es difícil que los municipios tengan la capacidad de generar planes de acción que sean efectivos y aplicables.
La necesidad de un cambio de enfoque para la adaptación es evidente. Requerimos mirar desde abajo hacia arriba y también hacia los lados, construir medidas desde la sostenibilidad de la vida, para preservar nuestra especie y a las demás en mundo que encuentre un rumbo en equilibrio.
En Fundación Ecosur trabajamos potenciando lo local, porque creemos, y nuestra experiencia lo comprueba, que en las comunidades, en conjunto con las autoridades locales y regionales, están las soluciones; soluciones necesarias para enfrentar las múltiples crisis, ya que una sociedad preparada, tendrá muchas más oportunidades para vivirlas de forma más segura.
