Vecinos de Quintero y Puchuncaví: “El Plan de Descontaminación es la legalización de la muerte”

Este lunes entró en vigencia la iniciativa desarrollada para las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, que busca mitigar las acciones contaminantes de empresas como Codelco Ventanas, AES Gener y ENAP.

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Este lunes 1 de abril comenzó a regir el Plan de Descontaminación para las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, en la Región de Valparaíso.

La medida no fue fácil de aprobar. Si bien fue ingresada en diciembre pasado a Contraloría para que la revisara y tomara razón, el 20 de febrero pasado su implementación fue retirada, ya que se habían hecho observaciones que el Ministerio de Medio Ambiente debía mejorar. Cumplido ese trámite, el plan se reingresó para que y el organismo fiscalizador tomó razón el pasado viernes.

Fue la misma ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien explicó a los alcaldes de las tres comunas cuáles serán las medidas que se implementarán: “Este plan nos permite hacer cambios fundamentales. Primero, congelar todas las emisiones de la zona. Segundo, establecer una reducción muy importante de material particulado, dióxido de azufre y oxido de nitrógeno, que en tres años las empresas tendrán que realizar. Tercero, establece que el control de todos los sistemas de monitoreo en la zona son de responsabilidad del Estado”, explicó.

La ministra Schmidt agregó que el próximo mes el gobierno de Finlandia entregará los resultados de la auditoría que realizó en Quintero y Puchuncaví, donde se analizaron los mecanismos de monitoreo. Con esa información buscarán rediseñar la estructura de control, para garantizar un correcto análisis de los elementos contaminantes.

La revisión de los expertos finlandeses se dio en octubre del año pasado, en el marco de las cientos de intoxicaciones que se registraron en la zona producto de índices elevados de contaminación en el aire, que trajeron consigo varias manifestaciones por parte de las comunidades de Quintero y Puchuncaví.

El dirigente de la Asamblea Puchuncaví, Juan Valladares, señaló que el cierre de la Fundición de Ventanas es la medida que realmente se debe tomar para garantizar la descontaminación y protección de la salud de los habitantes de la zona: “Este plan es la legalización de la muerte en Quintero y Puchuncaví. Toda la comunidad está en oposición porque mantiene a la fundición, matando a nuestros niños y contaminando nuestros mariscos. Ya lo decían en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (DD.HH.): aquí hay violación abierta de los DD.HH. y hay suficientes presunciones para establecer negligencias de parte de la autoridad. Muchos de estos caballeros podrían estar presos, porque la gente sigue muriendo y no podemos estar contentos”, cuestionó.

En conversación con la segunda edición de Radioanálisis, Marta Aravena, integrante de la organización de Mujeres en Zonas de Sacrificio, indicó que “esto no es la panacea. Si bien es un poco mejor que el plan que presentó Michelle Bachelet, tiene hartas cosas que no resguardan la salud de la población. Por ejemplo, se sigue permitiendo que Codelco contamine con 17 toneladas más al ambiente”.

La dirigenta agregó que “no tenemos normas homologadas a la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestras normas son muy malas y tampoco se considera la normativa para arsénico. Si bien los compuestos volátiles están incorporados en el plan de descontaminación, no tenemos normativa para ello, así que no lo recibimos como una tremenda noticia, porque no lo es. El plan no asegura que no ocurrirrá lo que pasó en agosto y septiembre del año pasado”.

Además, Marta Aravena aseveró que la principal señal que el Ejecutivo debe dar para demostrar su interés por el bien de las comunidades es “que frene la concesión marítima al muelle de Oxiquim, que es lo que tenemos muy cerca”.

El plan tiene una duración de cinco años y metas específicas que cumplir con cada emisor de contaminantes de la zona, además de incluir estudios de agua y suelo. Además, la Superintendencia de Medio Ambiente anunció que dispondrá de una delegación exclusiva y permanente en el sector, compuesta por dos profesionales que fiscalizarán el cumplimiento de la iniciativa.