Solicitan que terrenos urbanos donde se instalen antenas paguen el doble de contribuciones

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Por 52 votos, la Cámara de Diputados ratificó el proyecto de resolución N° 156, que solicita a la Presidenta Bachelet que instruya al Ministro de Hacienda, para que elabore una iniciativa legal que modifique la Ley N° 17.235 sobre Impuesto Territorial, en el sentido de establecer una sobretasa del 100% respecto del impuesto vigente, para los predios no agrícolas ubicados en áreas urbanas residenciales, en los cuales se instalen soportes de antenas de telecomunicaciones.

 

La iniciativa fue presentada por el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), en conjunto con los diputados Jorge Ulloa (UDI), Enrique Jaramillo (PPD), José Miguel Ortiz (DC), Fernando Meza (PRSD), Pepe Auth (PPD), David Sandoval (UDI) y Diego Paulsen (RN).

 

Los legisladores sostienen que le Ley General de Urbanismo y Construcciones no establece ninguna compensación para los vecinos por la instalación de estas estructuras, salvo obras comunitarias como plazas y otras que no indemnizan el perjuicio causado. De hecho, la norma permite a los propietarios afectados solicitar a Impuestos Internos una retasación de las propiedades, o devaluación, para una rebaja del impuesto territorial que deben pagar.

 

«La única medida que afecta directamente a un vecino propietario es un perjuicio directo y no una compensación, debido a que la baja en la plusvalía de sus inmuebles pasa a materializarse con esta retasación, puesto que si bien pagarán menos impuestos, el avalúo fiscal de su inmueble será menor».

 

Por ello, plantean que en forma paralela a un proyecto de ley presentado (boletín 9528), «sería importante que de forma complementaria, los propietarios beneficiados con las rentas de arrendamiento asuman mayores gravámenes por esta actividad económica que les reporta una utilidad directa, pero que de la misma manera, genera un perjuicio a la comunidad«.

 

Por ello, los diputados piden que se aumente la tasa para calcular el impuesto territorial que deben pagar. «De esta forma se generará, por una parte, un desincentivo a que estos contratos recaigan sobre inmuebles ubicados en zonas residenciales, y por otro, otorgará un aporte adicional a los municipios, que son los órganos del Estado que tienen mayor injerencia en las actividades del día a día de los vecinos».

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