La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), terminó el proceso sancionatorio contra Cal Austral S.A, titular del proyecto “Acopio de Conchas y Planta de Cal Agrícola Chiloé”, calificado ambientalmente favorable mediante RCA N° 219/2007. La sanción alcanza 221 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a $116 millones.
El proyecto “Acopio de Conchas y Planta de Cal Agrícola Chiloé”, consiste en la instalación de una planta productora de cal agrícola que utiliza como materia prima las conchas de moluscos generadas en plantas de procesamiento de mariscos localizadas en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. Estas conchas se acumulan en áreas de acopio definidas al interior del predio donde se desarrolla la iniciativa, para luego ser secadas, molidas y ensacadas.
Respecto de este proyecto, la SMA recibió diversas denuncias de ciudadanos y de las municipalidades de Castro y Dalcahue, debido a olores molestos que genera la faena. A causa de estas denuncias, la SMA encomendó actividades de inspección a la Seremi de Salud de Los Lagos.
La SMA, tras abrir el proceso de sanción en junio de 2014, recibió del titular un Programa de Cumplimiento, el cual fue rechazado por no presentar íntegramente acciones reparatorias de los incumplimientos detectados a su RCA. Posteriormente continuó el proceso sancionatorio, el cual estableció diligencias probatorias con muestreos realizados por un laboratorio en los pozos de infiltración con que cuenta la empresa.
Finalmente, en el proceso sancionatorio determinó las siguientes infracciones del titular:
- No cubrir la totalidad de las pilas de acopio de conchas con polietileno.
- Recepcionar conchas que contienen restos orgánicos, generando olores y presencia de avifauna local.
- Construir parcialmente las zanjas perimetrales para canalización, produciéndose una acumulación de aguas de contacto en los sectores que rodean las pilas de acopio de conchas.
Adicionalmente a la sanción de 221 UTA, la SMA estableció una medida urgente y transitoria de control al titular Cal Austral, que consiste en la presentación, dentro de 30 días hábiles contados desde la notificación a la empresa, de un informe que dé cuenta de las acciones y medidas desplegadas para subsanar cada una de las infracciones constatadas por la Superintendencia.
