Pese a los esfuerzos de la empresa, la dedicación de un equipo especial y la mediación del gobierno, la central termoeléctrica Bocamina II (350 MW), de Endesa Chile, cumplió ayer un año de paralización.
El proyecto ubicado en Coronel, fue detenido por la Corte de Apelaciones de Concepción el 17 de diciembre de 2013, luego que pescadores y algueros de la zona interpusieran un recurso en contra de su funcionamiento, argumentando que la central no contaba con la autorización ambiental que permitía su optimización desde los 350 MW a 370 MW. Esto ya había sido acusado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en agosto de ese año, lo que significó el inicio de un proceso sancionatorio, que culminó en una serie de exigencias.
En el marco de esos problemas, la compañía inició el diálogo con comunidades y autoridades de la zona, con el fin de alcanzar un acuerdo que permitiera dar mayor viabilidad a la operación.
Para eso, puso en marcha el trabajo de un equipo especial, encabezado por el subgerente general de Endesa Chile, Ramiro Alfonsín, y por la gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa, María Teresa González. Lo anterior, además contó con el apoyo del Gobierno, mediante la seremi de Energía del Biobío, Carola Villegas, que actuó como mediadora entre las partes.
Con eso, en noviembre de este año se logró un pacto con autoridades, comunidades y 18 sindicatos de pescadores y algueros, que a nivel global involucra el desembolso de unos US$ 200 millones por parte de la firma y que incluye cuatro ejes de acción, relacionados con mejoras ambientales por más de US$ 100 millones; un pago de unos US$ 23 millones a los pescadores artesanales; la relocalización de más de 700 familias (que se suman a unas 500 ya relocalizadas), y dos fondos, uno para los pescadores y otro de desarrollo comunal.
Problemas
Pese a ese avance, la instancia cruzó una serie de conflictos, lo que hasta ayer significó que se temiera por la caída del acuerdo, ya que nueve de los 18 sindicatos de pescadores se negaban a firmar el pacto, acusando incumplimientos por parte de la empresa, relacionados al pago de honorarios a los abogados representantes.
En ese sentido, trascendió una misiva dirigida al ministro de Energía, Máximo Pacheco, que nunca habría llegado a destino. En ella, las agrupaciones que se negaban a firmar informaban al secretario de Estado que se desistían del acuerdo.
En la hora límite en que cerraba la notaría Myriam Sánchez de Coronel, todos los dirigentes firmaron finalmente el pacto.
María Teresa González, señaló que si bien el proceso de diálogo fue largo, la compañía estaba satisfecha con los resultados.
Agregó que por ello, se espera que alcanzado el acuerdo y una vez concluidas las exigencias de la SMA, la central vuelva a operar en los primeros tres meses de 2015. Asimismo, afirmó que el impacto para la empresa en la primera mitad de 2014, significó hasta US$ 1 millón diarios, los que desde la segunda mitad del año pasaron a US$ 0, por una mayor generación hidroeléctrica.
Pese a lo anterior, Hernán Cortes, presidente del Sindicato Independiente de Pescadores Artesanales de Coronel, acusó que la firma del acuerdo se logró a través de la intimidaciones y aseguró que un tumulto de pescadores pertenecientes a los 10 sindicatos que estaban a favor del pacto, lo persiguieron a él y a otros dirigentes con armas blancas y amenazas de muerte.
Por lo anterior, el abogado representante de estos pescadores, Lorenzo Soto, desconoció el acuerdo celebrado por Endesa Chile y comentó que se emprenderán nuevas medidas legales en contra de la empresa.
Fuente: La Tercera
