Tras una larga y, a ratos, acalorada discusión, la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados aprobó una norma que mandata a la Dirección General de Aguas (DGA) a velar por la mantención de caudales ecológicos mínimos en los afluentes de nuestro país, pudiendo afectar para tal efecto tanto derechos de aprovechamientos de agua antiguos como nuevos.
La norma, incluida en la reforma al Código de Aguas (boletín 7543), vino a modificar la propuesta del Ejecutivo que sólo apuntaba a los nuevos derechos de aprovechamiento. La indicación respectiva fue presentada por las diputadas Cristina Girardi (PPD) y Yasna Provoste (DC) junto al diputado Daniel Núñez (PC) y fue aprobada con los votos de la Nueva Mayoría más el apoyo del diputado Gaspar Rivas (IND), quien de hecho contribuyó a precisar a través de otra indicación el texto final del artículo.
El titular de la DGA, Carlos Estévez, sostuvo que una aplicación retroactiva del concepto de caudal ecológico mínimo es algo casi imposible de cuantificar y de identificar y reconoció que su imposición implicará, probablemente, la necesidad de tener que enfrentar una multiplicidad de juicios por alegatos de expropiaciones.
«Tenemos una posición contraria y, por tanto, tenemos todo el derecho de evaluar en qué momento y en qué circunstancia del trámite legislativo podemos hacer presente nuestra posición porque no nos sentimos convencidos en ese punto con lo que votó la Comisión», precisó el director.
Dijo que la idea es que, a partir de un caudal ecológico mínimo, se puedan mantener y preservar las condiciones ambientales adecuadas. «Creo que en lo que hemos avanzado es un paso en la dirección de garantizar que el agua corra por nuestros cauces», sentenció.
Para el diputado Sergio Gahona (UDI), es evidente que cuando se plantea que se van a afectar no sólo los derechos que se constituyen para adelante, sino que también se van a afectar con caducidades y restricciones derechos ya constituidos, eso es inconstitucional, por lo que anunció la presentación de una reserva de constitucionalidad en este punto.
«Lo que hemos planteado ahora, y lo venimos planteando desde el principio, es que aquí no se pueden vulnerar los derechos adquiridos por muchos agricultores del país, pequeños, medianos y grandes y lo que se ha pretendido en esta modificación del Código de Aguas es efectivamente afectar derechos ya constituidos y eso es gravísimo para la agricultura de Chile, para la economía de este país y para todo lo que se ha construido en los últimos 40 años en términos del progreso de la agricultura, fruticultura y todo el modelo exportador que hemos tenido», enfatizó.
Dijo que en muchas otras materias puede haber acuerdo, como fue el caso de definir zonas de reserva y proteger el consumo humano, pero no para afectar derechos constituidos. «Me parece muy grave y espero que en la Comisión de Agricultura o después en la Sala eso se pueda corregir», insistió.
Las posiciones nuevamente se polarizaron respecto de una norma que permite al Presidente de la República, previo informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente y frente a casos calificados, fijar caudales ecológicos mínimos diferentes, sin atenderse a la limitación fijada en esta misma normativa (no puede ser superior al 20% del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial). El punto en conflicto, al igual que en el caso anterior, fue la posibilidad de afectar derechos de aprovechamiento existentes. La norma fue aprobada por mayoría.
En lo que sí hubo pleno acuerdo fue en lo relativo a otorgar a la DGA la facultad de hacer valer el caudal ecológico mínimo frente a solicitudes de traslado de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales o ante proyectos hidráulicos de obras mayores (para estas obras se exige ya una resolución de impacto ambiental).
Carlos Estévez evaluó que el trámite del el proyecto ha avanzado positivamente y destacó que muchas cosas han sido votadas por unanimidad, algunas de ellas muy relevantes y en concordancia con lo planteado por el Ejecutivo, como la destinación del agua para el consumo humano; fijar la posibilidad de hacer reserva, prorratear y reducir temporalmente derechos para sustentar un acuífero; y establecer el principio de sustentabilidad del acuífero (existía la norma de caudal ecológico mínimo para aguas superficiales, pero no para el agua subterránea). «Ha habido notorios avances», puntualizó.
