Reforma al SEIA dentro de Agenda Pro Inversión: Una visión parcelada

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Por Ignacio Martínez, abogado Fundación Terram.


Durante las últimas semanas se ha hablado mucho del proyecto de ley de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) -recientemente aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad-, que pronto será enviado por el Ejecutivo al Congreso, además de las dos grandes modificaciones que traería consigo. Por una parte la incorporación de la participación ciudadana anticipada en el proceso de calificación ambiental y el fin del Comité de Ministros, creándose como única instancia administrativa, las comisiones macrozonales de evaluación con un carácter -en teoría- más “despolitizados”. Distintos académicos, empresarios, ambientalistas, funcionarios y ex funcionarios de los servicios ambientales; han manifestado su preocupación, críticas, apoyo y/o rechazo a la iniciativa a través de columnas de opinión, entrevistas y otros.

Distinto es el caso del otro proyecto de ley presentado hace más de un mes por el gobierno denominado “Agenda Pro-Inversión I” (Boletín N° 11.747-03), que está actualmente siendo revisado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el cual ha pasado casi inadvertido. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Economía, consiste en un proyecto misceláneo que busca “fortalecer la inversión, competitividad y productividad de nuestra economía” modificando diversos cuerpos normativos, tales como el Decreto Ley N° 3.525 de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el Código de Procedimiento Civil, Decreto con Fuerza de Ley N° 340 de 1960, sobre Concesiones Marítimas, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Código de Aguas, y -aquí el énfasis- a la Ley N°19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proyecto en cuestión, con el objeto de “disminuir los plazos de tramitación” y “eliminar incertezas jurídicas”, otorga la facultad al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir total o parcialmente los pronunciamientos de los organismos sectoriales con competencia ambiental en caso de estimar que dichos pronunciamientos no sean fundados técnicamente o consideren materias que no son de su competencia; hace un reconocimiento legal explícito a las consultas de pertinencia con carácter vinculante para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental; modifica el cómputo de plazo de caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA); en otras relevantes modificaciones. Paradójicamente, pese al evidente contenido ambiental, esta iniciativa legal no contempla su paso por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

Más allá de la criticas que uno puede realizar al contenido particular de este proyecto, lo que más llama la atención es que parte importante de las modificaciones al SEIA anunciadas por el gobierno, se estén revisando de forma separada bajo un proyecto de ley, que tiene una visión bastante parcelada de lo que debe contemplar un procedimiento de evaluación de impactos, mirando la inversión como única variable dentro de un sistema que es mucho más complejo.

Desde Fundación Terram creemos que incluir una modificación al SEIA en un proyecto que tiene por finalidad fundamental promover la inversión, implica una desnaturalización de este mecanismo como instrumento de gestión ambiental, sobre el cual no solo deben haber consideraciones económicas, sino sobre todo ambientales y sociales. Solo considerando esto último es posible tener una mirada completa -y no parcializada como sugiere este proyecto- del procedimiento de evaluación ambiental.

Consideramos fundamental que para discutir cualquier reforma al SEIA, se deben generar las condiciones para que todos los actores involucrados puedan opinar y participar en dichos procesos,  pues de otra forma no es posible tener una mirada integrada. Es por ello, que desde Fundación Terram creemos que toda modificación a la Ley N° 19.300 relativa al SEIA debe ser incorporada al proyecto de ley que reforma al SEIA anunciado por el gobierno y no bajo la mencionada iniciativa Pro Inversión.