Proyecto de ley: 102 serán las comunas que tendrán que prohibir el uso de bolsas plásticas

Si bien la medida fue aplaudida por los ediles, la AChM solicitó más recursos para fiscalización y que la norma también se ejecute en municipios de zonas interiores.

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En un plazo de 12 meses, las 102 comunas que limitan con el mar en el país estarán libres de bolsas plásticas en el comercio, si se logra aprobar la nueva ley propuesta esta semana por la Presidenta Michelle Bachelet y que entraría al Congreso en octubre. “Esta ley permitirá a la ciudadanía aportar en la protección de los océanos. Seremos, así, el primer país de América en implementar este tipo de ley, y llamamos a que otros países asuman esta responsabilidad”, señaló la Mandataria durante el anuncio de la iniciativa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El proyecto de ley que busca proteger los océanos y el medio ambiente corresponde a una indicación sustitutiva que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio, restricción que tendrá que ser fiscalizada por los municipios, con una sanción de hasta 5 UTM por bolsa para quien la entrega, la que será aplicada por los Juzgados de Policía Local.

Según estimaciones de Greenpeace, los chilenos usan unas 386 mil bolsas plásticas por hora. La organización afirma que cada ciudadano ocupa al menos unas 200 bolsas al año.

“Lo grave de este plástico que llega al mar es que se degrada y se convierte en microplástico, el cual es confundido por las especies marinas que lo ingieren pensando que es comida. La ley es una medida paliativa, pero también hay que pensar en los envoltorios y el plástico que botan las salmoneras”, explica Alejandro Pérez, biólogo marino de la UC.

Si bien la norma emanada desde el Ejecutivo fue bien recibida por su efecto positivo sobre el medio ambiente, entre los municipios hay preocupación por esta nueva tarea de fiscalización que tendrán que asumir a nivel local, sin recursos para financiar las inspecciones. Así lo señaló Jessica Mualim, alcaldesa de María Pinto y presidenta de la comisión de desarrollo sustentable y medioambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), quien aboga, además, por la universalidad de la nueva ley y poder participar en el texto final para perfeccionarla.

“Si las bolsas dañan cuando son tiradas en la costa, también lo hacen en el borde de las carreteras, ríos o lagos, por lo tanto la ley debiera aplicar a todo el territorio. Esperamos también que venga acompañada de financiamiento para fiscalizar, pues las comunas no dan a basto, de hecho, tenemos 210 municipios que no tienen estructura de fiscalización”, señala la edil.

Sobre la zonificación de la ley en la costa, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, señaló que “la discusión parlamentaria puede abrir los ámbitos de acción, sin embargo, la justificación ambiental de esto radica en estudios que señalan que son las ciudades costeras las que más ocasionan la llegada de plástico al mar, por los vientos que también son más fuertes en la costa”. Sobre la falta de recursos que reclaman los municipios, Mena dijo que “la fiscalización sería mayor solo en un inicio”.

Antofagasta es una de las comunas costeras que quedarán afectas a esta ley, pese a que hace un año hay un protocolo de acuerdo con cinco cadenas de supermercados para que entreguen dos bolsas como máximo, sacando de circulación ocho millones de bolsas hasta ahora. “Según Contraloría, los municipios no podemos hacer ordenanzas para prohibir, pero con una ley sí podremos. Acá ya tenemos trabajo avanzado y con la nueva ley podremos abarcar a todo el comercio, los malls y las farmacias”, explica Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta.

En Pto. Montt, su alcalde, Gervoy Paredes, solicitará los antecedentes “para alinear la ley con la nueva ordenanza que ya estábamos preparando”. En el litoral central, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, también apoya la medida, “porque así los alcaldes tendremos mayores atribuciones para llevar a la práctica el no uso de estas bolsas”. Su vecino, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, espera que se “dote a los municipios de condiciones para poder hacerse cargo”.