Teniendo en cuenta que los incendios que han afectado a los vertederos de Santa Marta y Til Til han expuesto a la luz pública una realidad compleja que afecta a diversas comunas hace bastante tiempo, el diputado Diego Paulsen (RN), presentó un proyecto que busca modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de facultar a dichas entidades para autorizar la instalación y funcionamiento de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos.
El texto, enviado a la Comisión de Gobierno Interior para su estudio, describe que los problemas con el tratamiento de residuos y la ubicación de los vertederos son asuntos pendientes que tiene el país hace bastante tiempo.
Asimismo, el diputado Paulsen señala que es entendible que ninguna comuna quiera tener en su territorio un vertedero por los costos sociales que esto implica, tales como “el aumento de tránsito de camiones, lo que genera la aparición de hoyos en las calles pavimentadas o bien un tráfico lento por los caminos, riesgos ambientales por eventual contaminación en el agua de las napas subterráneas, malos olores, etc.”.
Reconoció que este tipo de decisiones, como en toda política pública, se presentan beneficios, pero también costos que “deben estar controlados razonablemente y tener una compensación por los riesgos asumidos”.
“Proponemos una regulación adecuada que obligue a las empresas y municipios que liciten un vertedero o planta de tratamiento de desechos a contar con el acuerdo de la comuna receptora de los residuos”, precisó.
Indicó que, al ser el Concejo Municipal un órgano colegiado cuyos integrantes son elegidos por sufragio universal, gozan de la legitimidad necesaria para representar la opinión de su comunidad. Por tanto, de aprobarse esta iniciativa, será el Concejo Municipal el facultado para autorizar la instalación de plantas de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos.
“Entendemos que no hay que legislar para casos específicos o sobre la última noticia de moda, pero tampoco podemos perder la oportunidad de abordar estas urgencias que aquejan a varias comunas del país y, así, intentar llegar a soluciones para los lugares donde se instalen empresas receptoras de los residuos ya señalados”, resaltó.
A lo anterior, añadió que son casos como el expuesto los que abren el debate sobre el derecho que deberían tener las comunas donde se construyen este tipo de instalaciones para participar y tener un real poder de decisión sobre la materia. “Estoy convencido que son los gobiernos locales comunales los que tienen el derecho para decidir si aceptan o no rellenos sanitarios o plantas de tratamiento y disposición de residuos”, concluyó.
