Por Waldo Lobos B.
Tras el acuerdo que se alcanzó en 1961 por los Ministros de Salud de Latinoamérica en la denominada “Carta de Punta del Este”, que estableció como meta el abastecimiento de agua potable al 50% de la población rural a la década del 1970, el ex Servicio Nacional de Obras Sanitarias (Sendos) instauró el programa de agua potable rural (APR) en el país, el que sería operado mediante asociaciones comunitarias.
A casi cinco décadas, actualmente el programa APR, dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas y fiscalizado por el Ministerio de Salud, ha alcanzado su mayor impacto, ya que con 1.590 sistemas instalados y 390 mil conexiones domiciliarias −que benefician a una población aproximada de 1.500.000 de personas− el 99% de la población rural concentrada ha sido cubierta. A ello se agrega que la operación actual de los sistemas APR, con captaciones superficiales en esteros, vertientes o ríos, y a nivel subterráneo mediante pozos y sondajes, permite que el consumo promedio anual por habitante sea de 45,5 m3/hab/año, siendo uno de los índices más altos en la historia de este modelo, aún cuando la sequía ha acechado en los últimos años.
La estructuración del programa, desde sus inicios, se ha basado en dos modalidades para su ejecución: comités y cooperativas APR, los que en su mayoría poseen bienes raíces y derechos de aguas en actual uso. Son estas instancias las encargadas de administrar los recursos públicos con los que realizan la mantención de los equipos. De igual forma, estas organizaciones han asumido responsabilidades en torno al diseño y la ejecución de obras menores de mejoramiento con ingresos propios.
Sin embargo, la falta de un marco normativo que proteja el territorio operacional de estas asociaciones rurales, además de la carencia de una estandarización en el sistema de alcantarillado y tratamiento de las aguas (tareas que no son obligadas a ejecutar por los APR), provocó que desde el años 2000 las autoridades competentes junto a la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru) trabajaran en una ley para el sector. Así, el proyecto de Ley de Servicios Sanitarios Rural (SSR) ingresó al Senado el 6 de noviembre del 2008. No obstante, tras pasar por los primeros trámites constitucionales, a principios de 2010, el actual gobierno retiró la urgencia de discusión inmediata manteniéndose hasta la fecha en la comisión de Obras Publicas sin premura legislativa. Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas se encuentra formulando una indicación sustitutiva al Proyecto de Ley, la que ha desencadenado una polémica entre el Ministerio y las asociaciones APR, ya que éstas últimas estiman que los cambios no respetan el espíritu del programa.
Deficiencias del APR
En 2009, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), por medio de una consultora privada, hizo un diagnostico para evaluar cuáles son los problemas de los sistemas APR y su futuro como administradoras de las fuentes hídricas para las zonas no urbanas.
El informe indica como debilidad la alta dependencia que tienen los sistemas del Estado para su funcionamiento, puesto que si bien está previsto que éste invierta en infraestructura, tiene que disponer adicionalmente de recursos en asesorías a comités de forma permanente y mejoramientos generados por problemas de mantenimiento de las obras ante un inadecuado cuidado por parte de las asociaciones. Además, según el informe, en ocasiones el Estado ha debido cubrir monetariamente las faltas de pago del servicio, ya sea por nivel de pobreza de la población rural o por el hecho que la asamblea de la cooperativa, por ejemplo, no acepta subir las tarifas –resguardando el interés de los usuarios- y las mantiene por debajo del valor de un mínimo aceptable para el buen funcionamiento del sistema.
Además, el documento determinó que cuando las localidades crecen por encima de cierto tamaño, la relación de los usuarios con las asociaciones APR tiende a asemejarse más a la que se tiene en el área urbana con una empresa sanitaria.
Ante todo esto, el informe infiere que para asegurar la continuidad del funcionamiento de distribución del suministro y el futuro desarrollo de los servicios sanitarios del sector rural, éstos deberían seguir el modelo de las empresas sanitarias concesionarias de agua potable y de la recolección y disposición de aguas servidas en el sector urbano, las que son fiscalizadas y controladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
La respuesta de las comunidades
El diagnóstico de la Subdere, para comités y cooperativas APR, fue el alma mater de las indicaciones sustitutivas− de las que ya se conoce un borrador desde el año pasado− que efectuaría definitivamente el MOP a la Ley SSR.
Cristián Villarroel, ingeniero ambiental de la ONG Chile Sustentable, señala que ese texto está más orientado a propiciar una institucionalidad empresarial por sobre el fortalecimiento de un sistema de gestión compartido entre los organismos públicos y las APR, como ha sido hasta el momento.
Los argumentos que permiten sostener esta afirmación, según Villarroel, se expresan en la remoción de una decena de artículos que apuntaban originalmente a fortalecer el carácter ciudadano de estos servicios. Por otra parte, agrega que las indicaciones le otorgan excesivas atribuciones a la SISS, lo que ampliaría las posibilidades para que otros actores privados (no APR) realicen la prestación de este servicio.
Las zonas declaradas por los respectivos Planos Reguladores Comunales como rurales, en la Ley General de Servicios Sanitarios de 1998 (DFL MOP 382), quedaron fuera de las áreas de operación de las empresas sanitarias y por lo tanto, quedaron exentos de la modalidad de concesiones debido a que los servicios rurales no tendrían capacidad de autofinanciamiento, lo que los hacía poco atractivos para un privado. Esta situación ha cambiado en los últimos años, a juicio de Villarroel, por la expansión del programa.
Cristián Villarroel prevé que la intromisión de empresas en el abastecimiento de agua en las aéreas rurales apuntará gradualmente a un aumento de tarifas y a un deterioro del servicio como ya ha sucedido en el sector urbano.“Actualmente, las comunidades APR pagan el agua más barata de Chile, siendo estas tarifas 70% menores a lo que cancela un consumidor promedio de Santiago por ejemplo. Esto obviamente cambiaría”.
-Independiente de los costos, según lo que señala el borrador de la ley SSR, será obligatorio para los sistemas APR incorporar a su gestión la recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas del sector rural, situación que en la actualidad no acontece. ¿Por qué esto resultaría perjudicial para las comunidades, que se beneficiarían directamente por el tratamiento de las aguas servidas?
Las comunidades no están en desacuerdo en el fondo de esa indicación sustitutiva al proyecto de Ley, sino en la forma. Si bien esto (recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas) no es obligatorio en la actualidad, la mayoría de las cooperativas y comités APR se hacen cargo de la gestión de estos procedimientos con apoyo de los respectivos municipios. De igual forma, existe conciencia que es imperante que se regule sobre esta situación. A ello, el llamado que hacen las comunidades es que se respete un principio de gradualidad, ya que el Gobierno no puede pretender que las asociaciones rurales entren a competir de igual a igual con las empresas privadas, siendo que no ha existido la capacitación técnica para la utilización de estas obras (de saneamiento), muchas de ellas con costos altísimos en su manejo y administración.
El texto plantea permitir que el operador suministre el servicio con fines distintos al uso doméstico cuyo precio puede ser pactado libremente, lo que constituye una amenaza y deja la puerta abierta a que inversionistas privados ingresen a los servicios de saneamiento con fines de lucro. Esta situación es muy grave, ya que desvirtúa el propósito inicial que han tenido las organizaciones de APR al demandar una institucionalidad pública de sanidad para su sector.
La presidenta de Fenapru, Juana Beltrán, concuerda con Villarroel y agrega que el hecho que las empresas sanitarias concesionarias de las zonas urbanas de cada región sean las principales asesoras (Unidades Técnicas) en cuanto a la distribución del suministro de las organizaciones de APR, resulta un hecho contradictorio y riesgoso en posibles futuras concesiones.
Según Beltrán, ante la eventualidad de generarse mediante la futura Ley de SSR las condiciones legales que permitan la participación de actores privados en sus áreas de concesión, serían estas mismas empresas las interesadas en solicitar la concesión de los servicios rurales más grandes (con mayor cantidad de arranques y clientes) de cada región, pues cuentan con información estratégica y de gran valor económico, social y legal sobre los comités y cooperativas a lo largo de Chile. Esta situación otorga al sector sanitario privado una ventaja comparativa en relación al acceso de información estratégica y clave sobre cada sistema (APR), por sobre la sociedad civil y el sector público”.
Ante esta situación, Beltrán indica que algunos servicios comunitarios y Cooperativas de Agua Potable Rural, han resuelto no entregar información administrativa y contable a las Unidades Técnicas, ya que consideran que estos antecedentes son claves para que las empresas sanitarias privadas evalúen expandirse a las áreas de concesión rural.
Otro de los temas polémicos de esta ley, y que a juicio de los dirigentes resulta inaceptable, dice relación con el traspaso de los bienes que actualmente se encuentran en uso por comités o cooperativas, como las redes y los estanques que, según la indicación sustitutiva elaborada por el MOP, se traspasarían a las empresas por el solo ministerio de la ley. El proyecto actual tampoco considera la realidad de los pequeños y medianos comités o cooperativas, eliminado criterios diferenciadores que se hacían cargo de las distintas realidades de los comités grandes en relación a los más pequeños.
Por el momento, tanto la Fenapru como los comités y cooperativas APR han desistido seguir con los alegatos al borrador que se ha hecho de la Ley SSR, hasta que conozca el documento definitivo. La estrategia, al menos de la federación, sería esperar la posición qué tendrá el próximo gobierno ante esta materia con el objetivo que las asociaciones APR vuelvan a ser las protagonistas, esta vez por ley, de un sistema que en cinco décadas ha cumplido en forma exitosa el objetivo principal para el que fue creado.
ESTA NOTA FUE PUBLICADA EN LA EDICIÓN 128 DE REVISTA ECOAMÉRICA
