En al menos tres veces más que la cuota anual de 19 mil toneladas de captura de merluza común (12 mil para el sector industrial y siete mil para el artesanal) se calcula la pesca ilegal del recurso, cuya veda para permitir el desove, iniciada el 1 de septiembre, se levanta hoy.
Solo restan dos toneladas por capturar este año, y el sector industrial de Biobío enviaría esta madrugada los únicos dos barcos de arrastre que se dedican a esta actividad, cuatro naves menos que las que operaban el año pasado en esta zona, cuando la cuota anual global era de 40 mil toneladas, el doble de ahora.
La disminución del volumen autorizado para captura se ha traducido en que en la VIII Región, de cinco plantas industriales que el año pasado procesaban merluza solo quede una en esas funciones. Las demás reorientaron su operación a la jibia.
Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), advierte que poco sacan con dotar de tecnología a los buques, como sonares para monitorear cardúmenes a capturar o mallas especiales para que escapen los peces bajo la talla permitida, e incorporar observadores del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) a bordo de las naves si no se frena la pesca ilegal. Esta última se estima que genera unos US$ 30 millones en utilidades para quienes la practican.
“No sacamos nada con tomar medidas si al final la pesca artesanal está capturando tres, cuatro o hasta cinco veces más que la cuota anual, y no respeta la veda”, expresa Jaime Acuña, líder de la Asociación gremial de capitanes de arrastre (Agopesi).
Este tipo de actividad fuera de la ley no paga impuesto, carece de controles sanitarios, tiene un destino desconocido -se estima que el pescado se vende en terminales pesqueros y mercados entre Coquimbo y Temuco-, y no respeta el criterio de conservación para la recuperación y mantención de la merluza.
Según los industriales, la captura ilegal la realizan pescadores artesanales de caletas de O’Higgins y Maule, principalmente, donde hay una escasa fiscalización de Sernapesca, por falta de funcionarios y donde estos son, incluso, amenazados. “Si no se le pone un alto, no habrá una recuperación de la merluza”, asegura Luis Felipe Moncada.
Según Asipes, la pesca ilegal también genera problemas sanitarios para la gente, pues estas capturas no cuentan con trazabilidad sobre su origen, calidad, transporte y conservación.
El gremio industrial critica, además, que la legislación es débil. Por ejemplo, la ley señala solo multas, y no considera incautar los vehículos en los cuales se realiza el contrabando, por lo que el transporte sigue a disposición de los delincuentes, dicen.
Mes de veda
Durante todo septiembre se prohíbe la captura de merluza, para permitir el desove.
Fuente: El Mercurio
