Parlamentarios piden indemnizar a comunidad afectada por derrame de petróleo en Quintero

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El senador Francisco Chahuán, la diputada Andrea Molina y el concejal por Puchuncaví Eugenio Silva, reiteraron su preocupación por la situación de los pescadores artesanales de Quintero, Puchuncaví y Zapallar, a raíz de la decisión de ampliar el área y período de prohibición para extraer productos marinos en las zonas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en septiembre pasado.

 

“Los pescadores de las diversas caletas del sector no han sido compensados por los efectos de dicha prohibición», dijo el senador Francisco Chahuán, agregando que si bien han recibido mercadería por parte del gobierno regional, ésta es absolutamente insuficiente y lo que corresponde es hacer entrega de un bono directo para mitigar los perjuicios económicos de la medida”, dijo.

 

Chahuán sostuvo que “hoy los pescadores están con serias dificultades y vamos a pedir una reunión con el subsecretario de Pesca y el intendente regional para abordar el tema, pues no se ha establecido durante cuánto tiempo estarán impedidos de llevar a cabo sus faenas”.

 

Diputada ante el CDE

 

Por su parte, la diputada Andrea Molina llegó hasta las dependencias del Consejo de Defensa del Estado para poner sobre la mesa la necesidad urgente de que las víctimas directas del derrame sean indemnizadas. “Siento que hemos fallado en todas las instancias. El gobierno ha hecho lo mínimo para enfrentar la emergencia, hoy tenemos una restricción para extraer recursos del mar en un área mucho más amplia, lo que dificulta aún más la situación de los pescadores por ejemplo; tenemos un estudio del ISP que indica que aún hay rastros de petróleo en la bahía; áreas de manejo perdidas y una seria de responsabilidades administrativas que aún no son formalizadas. Es indignante ver la velocidad con que se ha respondido a todo esto”, aseveró Andrea Molina.

 

La parlamentaria, quién fue recibida por Juan Ignacio Piña, presidente del CDE, señaló que “hubo una disposición muy interesante de parte de la autoridad y coincidimos con que es plausible iniciar acciones civiles tras la querella presentada que indica una responsabilidad cuasidelictual”.

 

Fuente: El Observador

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