Por Camila Escanilla, periodista de Fundación Terram. (@escasegov)
Corría el año 1992, cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, instauró el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua, con el fin de destacar el papel fundamental que juega este recurso para la vida y la conservación de los ecosistemas. Teniendo en consideración que sólo un 1% del agua del planeta se puede utilizar para consumo humano y actividades productivas.
En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho al agua y saneamiento como un derecho humano. Al año siguiente, Chile firmó un protocolo ante la ONU que reconocería este derecho, comprometiéndose a consagrarlo y garantizarlo en el país. Ese mismo año se presentó una moción parlamentaria para modificar el Código de Aguas (boletín 7543-12) que posteriormente fue modificado por el Ejecutivo a través de indicaciones sustitutivas presentadas por el Gobierno de Michelle Bachelet, en 2014. Actualmente, el proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional, tras su reciente aprobación por la Cámara Baja, pasando al Senado. No obstante, no se descarta que el proyecto pudiera tener nuevas modificaciones.
Si el acceso al agua es un derecho humano, el Estado debe garantizar su abastecimiento en forma suficiente y continua, para uso personal y doméstico, con un volumen diario que bordee los 100 litros por persona, basándose en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Debe ser saludable, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Así como físicamente accesible y asequible para todos. Asimismo, el PNUD señala que el costo referencial del agua no debería superar el 3% de los ingresos de un hogar al mes. Chile, por el contrario, posee las tarifas de distribución del recurso más altas de América Latina.
Actualmente, alrededor de 700 millones de personas, en 43 países, sufren la escasez hídrica, sin embargo, estudios de la FAO, señalan que para el 2025 habrá 1.800 millones de personas en escasez hídrica absoluta, y para 2030, agudizada por el cambio climático, la mitad de la población mundial vivirá en áreas de estrés hídrico.
La situación hídrica en Chile es compleja. Sin una reforma capaz de modificar la esencia de la actual legislación, resulta complejo poder asegurar el derecho al agua de las personas por sobre el derecho a la propiedad de la misma. Ya que no basta con suscribir acuerdos internacionales si miles de familias en nuestro país reciben agua en camiones aljibes, y para ello, deben llenar fichas de postulación.
Tal como lo informara por oficio, en agosto de 2016, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, al indicar este, como mecanismo para que las familias, provenientes de comunidades afectadas por la escasez hídrica, postularan al recurso, señalando de paso, que el suministro bajaría de 100 a 50 litros diarios por persona, menos de lo recomendado por la OMS.
El problema es político, ya que tiene que ver con cómo el Estado garantiza los derechos y cómo asegura que su administración no los pasará a llevar. La reforma al Código de Aguas busca catalogar este recurso como un bien nacional de uso público, consagrando el acceso al vital elemento como un derecho humano y priorizando los usos.
Esta reforma debería avanzar, llegando a garantizar a todos los habitantes del territorio nacional el acceso al agua potable y saneamiento, como lo señalan las Naciones Unidas y la OMS. El acuerdo firmado ante la ONU debiera proporcionarle al Estado las herramientas necesarias para gestionar y cumplir con los acuerdos que ha suscrito a nivel internacional.
