Por Sara Larraín, directora ejecutiva Chile Sustentable (@Sara_Larrain).
Este 22 de marzo en el Día Mundial del Agua es fundamental revisar con atención la situación de este bien esencial para la vida en nuestro país y evaluar si las políticas públicas vigentes permiten su uso eficiente y sustentable, su acceso y distribución justas, además de la protección de las fuentes de agua dulce para sostener a las poblaciones locales y al desarrollo nacional. En este contexto, lo primero que salta a la vista es la creciente sobrexplotación de las cuencas hidrográficas no solo en el norte, sino también en el centro sur hasta la Araucanía; junto a mayor escasez que en décadas pasadas pues a los años húmedos y secos, asociados a los fenómenos del Niño y la Niña, se han sumado mayores temperaturas y reducción de precipitaciones debido al cambio climático.
Entre Antofagasta y Coquimbo, la situación de déficit hídrico ya es terminal e irreversible, los ríos Loa y Copiapó y sus afluentes están sobrexplotados y secos, lo cual afecta también a los acuíferos subterráneos por la intensa demanda minera. Más al sur, los ríos Huasco, Choapa y Limarí están en situación de gran vulnerabilidad pues además de la reducción de caudales por razones climáticas, la minería en las cabeceras de cuenca y la industria agroexportadora extraen más de la capacidad de carga de los acuíferos. A pesar de las aguas extras que están proveyendo los glaciares en la cordillera de Atacama y Coquimbo, los que también están amenazados por la minería, la grave inseguridad hídrica en Atacama y Coquimbo ya es irreversible. Igual situación se proyecta para la región de Valparaíso, donde además de los intensos conflictos en los ríos Ligua y Petorca que están secándose producto de la sobrexplotación de las cuencas por la agroindustria, la crisis hídrica afecta todo el secano costero donde han desaparecido ganadería y lechería, e incluso hoy se proyecta como insustentable continuar con el cluster del vino en Casablanca por sobrexplotación de los acuíferos.
Muchas de las localidades en Valparaíso, han debido reiteradamente en los últimos años, ser declaradas como zonas de escasez hídrica. Lo propio ha ocurrido en varias comunas de la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule que promete extenderse a Bío Bío y la Araucanía. La sobrexplotación de cuencas y de acuíferos subterráneos por parte de grandes emprendimientos mineros, energéticos y agroindustriales y la ausencia de normas para la protección de las fuentes de agua, el acceso equitativo y el uso eficiente, en la legislación vigente, esta perpetuando un régimen de degradación irreversible de los ríos y acuíferos del país, agravando la inseguridad hídrica y los conflictos por el agua.
Mientras en las grandes ciudades el acceso a agua potable es algo cotidiano, y la interrupción del servicio es una situación inaceptable ampliamente difundida, en localidades como Ovalle o Copiapó el abastecimiento es deficiente; y en Quillagua, Cucuter y Caleta Paposo en la II región o en Guallali en la VIII región, así como en casi todos los poblados rurales aislados o semi concentrados podría ser considerado un lujo, dado que no cuentan con acceso a agua potable y menos con saneamiento. Actualmente, y en forma casi permanente en los últimos años, más de 500 mil habitantes en nuestro país OECD, son abastecidos con camiones aljibes entre Coquimbo y Chiloé. Adicionalmente, todas las comunidades campesinas del norte y gran parte de los emprendimientos campesinos del centro y centro-sur del país viven en permanente vulnerabilidad.
La inseguridad hídrica en Chile es evidente, ha sido agravada por el modelo productivo extractivista, cuyos líderes obstaculizan cualquier cambio en la regulación hídrica vigente, pero climáticamente es agravada por el calentamiento global, el cual incluso la OECD ha pronosticado afectará a más de 47% de la población mundial, que en la próxima década sufrirá estrés hídrico o falta de agua. Desde 2008, Chile sufre un proceso de sequía con reducción de 30% a 50% en las precipitaciones. Según la CEPAL, se proyecta un aumento en la probabilidad de ocurrencia de sequía en el centro norte y el sur de Chile.
La crisis e inseguridad hídrica que sufre el país, requiere cambios estructurales en la gestión del agua. En un contexto político donde se cerró la puerta a cambios constitucionales, la Reforma al Código de Aguas presentada por los diputados en 2011 y apoyada por el actual gobierno en 2014 contiene importantes cambios para garantizar el derecho humano al agua, priorizar los usos del agua para actividades de subsistencia y protección ambiental, además de recuperar el rol del Estado en condicionar la gestión del agua con un enfoque de interés público.
La reforma al Código de Aguas ya aprobada por la Cámara de Diputados, incluye el reconocimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento, el cual debe ser garantizado por el Estado; establece la priorización del uso de las aguas para agua potable, actividades de subsistencia, sustentabilidad ambiental de las fuentes de agua y establecimiento de reservas de agua para los fines prioritarios. El texto también asegura el acceso al agua para comités y cooperativas de agua potable rural (APR), campesinos y comunidades indígenas; crea un mecanismo de regularización colectiva y administrativa de derechos e instaura obligaciones de informar a los grandes usuarios especialmente mineras, agroindustria e hidroeléctricas. Los diputados también aprobaron condiciones ambientales para proteger las fuentes de agua, tales como la protección de humedales, el control del nivel de los acuíferos subterráneos, el establecimiento de caudales ecológicos en zonas amenazadas o degradadas, áreas protegidas , y también en caso de cambios de puntos de captación o permisos para obras mayores.
Dado que las aguas son “bienes nacionales de uso público” la reforma estableció que los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas serán otorgados como concesiones temporales, a 20 y 30 años, poniendo fin al sistema que desde 1981 entregó derechos de propiedad a perpetuidad sobre las aguas. Finalmente la reforma incluyó causales de extinción y caducidad de los derechos de aprovechamiento de aguas, si quien los solicitó no utiliza las aguas durante 4 años en el caso de los derechos consuntivos (riego, minería, etc.) y 8 años los no consuntivos (hidroeléctricas) y también para quienes acumulan derechos y no los inscriben para burlar el pago de patentes por no uso.
Aunque esta reforma avanza en la dirección correcta para abordar los graves problemas de gestión del agua en Chile, está siendo obstaculizada por los gremios agrícolas, eléctricos y mineros que hacen oídos sordos a los impactos, inequidades y conflictos que ha generado durante mas de 30 años la aplicación del Código de Aguas de 1981.
La sobreexplotación, inequidad y degradación no puede continuar siendo la forma en que se gestiona el agua, el principal recurso para la vida. Por ello esperamos que durante la tramitación de la reforma al Código de Aguas en el Senado, los parlamentarios estén a la altura y legislen en favor del bien común. El Día Mundial del Agua ofrece una excelente oportunidad para reflexionar y dar un paso adelante en los cambios que Chile necesita para mejor resolver la sobrexplotación e inseguridad hídrica que afecta al país.
