[Opinión] Desempeño ambiental de Chile y ausencia de espacios reales para la participación ciudadana

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Por: Paulina Acevedo (Observatorio Ciudadano), Samuel Leiva (Climate Action Network Latino América), Andrés León (Org. Dunas de Ritoque), y Cristian Villarroel (Vertientes del Sur).

Mesa Ciudadana contra el Cambio Climático.


Este miércoles 8 de julio, en dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, se realizará una importante reunión entre organizaciones de la sociedad civil y la misión de expertos de la OCDE que se encuentra de visita oficial en el país para elaborar la Segunda Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile.

El objetivo del encuentro es recabar información de primera fuente sobre la visión que estas organizaciones tienen de las políticas públicas aplicadas en la materia, así como de las principales problemáticas y conflictos que se verifican en el país. Un espacio en extremo valorable, si se considera que hasta ahora una participación real y efectiva de la sociedad civil en estas discusiones ha sido soslayada por las autoridades nacionales, algo que desde ya quisiéramos trasmitir a esta comisión evaluadora.

Como Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático hemos sido críticos del reciente proceso desarrollado por el gobierno para recibir planteamientos desde la ciudadanía al Anteproyecto de Contribuciones Nacionales (INDCs) en este ámbito, una discusión trascendental este año, en que se definirá a partir de los compromisos de los distintos estados el futuro régimen climático que reemplace el Protocolo de Kioto en la COPs de París. Un proceso poco transparente, realizado en un periodo en extremo acotado, de forma electrónica, sin publicidad específica ni transparentando el modo en que se incorporarán estos aportes al proyecto, así como en ausencia de un mecanismo especial para consultar a los pueblos indígenas, como establece el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile.

Como Mesa tenemos plena convicción de que la participación ciudadana va más allá del mero hecho de acceder a una propuesta ya publicada, siendo fundamental, además, ante la complejidad de algunos aspectos técnicos del proyecto una participación informada de la ciudadanía. Es precisamente a ello a lo que queremos contribuir con esta columna, revisando cifras que exhibe el país en materia ambiental, así como algunas indicaciones, observaciones y preguntas que ingresamos a este proceso de consulta pública como instancia de convergencia de organizaciones ciudadanas y que aún no tienen respuestas.

De acuerdo a nuestra perspectiva como organizaciones no gubernamentales, recopilamos distintos aspectos que nos parece relevantes abordar, y esperaremos ilusamente quizás, que estos aportes se vean reflejados en el documento final que entregará el Gobierno a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, esperando lograr un acuerdo vinculante de las partes que impida sobrepasar los 2°C a finales de siglo.

En el intertanto, también nos indignamos con la noticia de que Chile es el país de la OCDE con menos gasto público para la protección del medioambiente, según un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno chileno, presentado hace un par de semanas durante la reunión “Desempeño e Información Ambiental: Segunda Evaluación de Chile”. Este estudio también indica que en 2012, nuestro país gastó 145.042 millones de pesos en protección ambiental, lo que representa el 0,1 % del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente 9.000 pesos por persona (unos 16 dólares). Situándonos como el país con la menor inversión en esta materia entre los países OCDE, por debajo de Colombia (0,3 % del PIB) y al promedio de Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea (0,67 %).

En este escenario creemos que cobran aún más valor las observaciones generales que realizamos al anteproyecto de Contribuciones Nacionales Tentativas. Lo primero es señalar de forma categórica que es un anteproyecto muy débil, poco claro y que no se hace cargo de los desafíos que debe enfrentar Chile para ajustar su modelo de desarrollo a los imperativos que se derivan del cambio climático.

En el texto, la descripción de las circunstancias nacionales es incompleta e insuficiente. Carece de información clave de contexto y los contenidos se presentan de modo desarticulado y con datos imprecisos. No se explica el modelo de desarrollo adoptado por el país, ni los principales sectores que contribuyen al PIB, ni sus impactos ambientales, o los posibles usos alternativos del territorio, entre otros. Se señala la dependencia del país de las exportaciones de cobre como un factor de vulnerabilidad no ambiental, sin explicar la relación entre ambos factores, es decir minería y cambio climático. El tema de la energía se enfoca únicamente desde la perspectiva del costo de la electricidad, sin mencionar la estructura de la matriz energética chilena, la dependencia del país de la importación de hidrocarburos, al no contar con dichos recursos, a diferencia de los otros países latinoamericanos, no se indica el potencial de las energías renovables no convencionales, entre otras falencias. Por ejemplo, se menciona a Chile contribuyendo al 4,8% de las emisiones de CO2, sin precisar el universo de referencia para determinar este porcentaje, esto es si se refiere a hispanoamérica u otro contexto.

Sobre el Capítulo II, Mitigación. Los compromisos de mitigación se basan principalmente en los resultados de escenario de la Fase 2 del proyecto MAPS-Chile, respecto del cual la ciudadanía se ha pronunciado en forma categórica, y que propone como una medida relevante la generación de energía mediante grandes represas hidroeléctricas en Aysén, como Hydroaysén. Dicha propuesta fue ampliamente rechazada por las organizaciones de la sociedad civil, al no considerar el así llamado efecto sumidero y las incalculables afectaciones socioambientales, detalladamente descritas en diversos estudios y documentos especializados. Tanto es así que 57 organizaciones y coaliciones de América Latina, entre ellas muchas chilenas, emitieron el 22 de septiembre de 2014 una declaración pública titulada: “Insistimos que las grandes represas no son energía limpia y solicitamos a los gobiernos, organismos internacionales y entidades financieras implementar verdaderas soluciones de cambio climático”, concluyendo que, “Es tiempo de aprender del pasado e implementar alternativas acordes a nuestros tiempo”.

Sobre el Capítulo III, Adaptación. En el numeral 3.1 Contexto, sería relevante identificar los planes sectoriales, tanto los que se encuentran en implementación (sector Silvoagropecuario y Biodiversidad), como aquellos en desarrollo, así como las fechas en que estimativamente dichos planes estarán aprobados y entren en ejecución. También es insuficiente el concepto de adaptación planificada a la que se adhiere Chile: Creemos que la adhesión al sólo concepto de adaptación planificada es incompleta dado que esta resulta de una decisión política deliberada, basada en la creación de políticas y programas gubernamentales para afrontar el cambio climático; sin embargo, existen otros tipos de adaptación que debieran aplicarse, como lo es la Adaptación Privada, que incorpora que el proceso sea guiado y ejecutado también por actores privados y a nivel ciudadano. Creemos necesario que las diversas partes interesadas -gobierno, sector privado y comunidades locales e indígenas- formen parte en la construcción de ideas, la guía y ejecución de las contribuciones del país en materia de adaptación, y que estas no solo nazcan de políticas y programas gubernamentales. No se entrega información sobre aspectos clave en adaptación y muy sensibles en la actualidad, cómo gestión de desastres naturales, ciudades sustentables, acceso al agua, salud pública, entre otros. No se hace alusión alguna a la protección de los derechos humanos e igualdad de género. Si se aplicara este concepto en la formulación e implementación de planes de adaptación, estos contribuirían a subsanar  las desigualdades sociales y de género que derivan del cambio climático en vez de exacerbarlas.

Sobre el Capítulo IV, Construcción y fortalecimiento de capacidades. Atendiendo el hecho que este pilar es extremadamente precario en Chile, y que el Ministerio de Educación fue excluido de la institucionalidad ambiental en la última reforma a la Ley de Bases del Medioambiente (Consejo de Ministros para la Sustentabilidad), las contribuciones propuestas son a todas luces insuficientes y difusas. Las estrategias carecen de fuerza, cuando no existen políticas públicas, liderazgo, una institucionalidad fuerte y recursos financieros y no financieros que permitan su implementación.

Sobre el Capítulo V, Construcción y Transferencia de Tecnologías. Se afirma que una parte importante del presupuesto nacional destinado al desarrollo tecnológico “ha incidido en una mayor resiliencia frente a los impactos del cambio climático”. Dicha afirmación carece de sustento documental y no es consistente con la percepción ciudadana. Por lo tanto, se solicita respaldar dicha aseveración. En cuanto a la inexistencia de políticas nacionales y programas de apoyo a la innovación orientada específicamente al cambio climático: Una estrategia para el desarrollo de tecnología en Chile, requiere del diseño de políticas y programas de apoyo a la innovación. Sin embargo, hasta ahora este tipo de programas han abordado la innovación sólo de manera general y no se ha distinguido específicamente el desarrollo y transferencia tecnológica para el cambio climático y una economía baja en carbono. Por ello, creemos que en esta nueva estrategia política es esencial avanzar en incorporar programas específicos de apoyo a la innovación orientados al desarrollo y transferencia de tecnologías adecuadas para enfrentar el cambio climático y sus impactos.

Sobre el Capítulo VI, Financiamiento. En la sección 6.1, Contexto, se afirma que “es evidente que una parte de su presupuesto nacional ha tenido impactos en la mayor resilencia y la mitigación del cambio climático en el país”. Al respecto, precisamos que esto no resulta evidente para la ciudadanía, por lo que se solicita explicitar o rectificar dicha afirmación. En particular, SusentaRSE participó en una investigación sobre financiamiento público de Chile en materia climática para los años 2013 y 2014, liderado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y El Caribe, GFLAC, cuyas conclusiones van en el sentido contrario de lo aquí señalado.

Por último nos resulta fundamental entregar elementos serios que den cuenta del incumplimiento por parte del Estado de Chile del principio Nº 10 de la Declaración de Río de Janeiro que señala “toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas”. Uno de los ejemplos más dramático de este incumplimiento fue resuelto por la Quinta Sala del tribunal de alzada el 14/10/2014 que ordenó al Estado a “entregar la información solicitada sobre emisiones de las centrales Ventanas, Nueva Ventanas y Campiche”. Previo a esto y ante la solicitud de información  por parte de la ciudadanía, sobre esta materia, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) negó conocer los antecedentes; una contradicción que el fallo evidenció de manera muy vergonzosa, ya que de no conocer esta información (condiciones atmosféricas, emisiones de fuentes fijas, calidad del aire, entre otras), no existiría base científica para que la autoridad proponga programas y fiscalice las normas en materia ambiental.

A estas alturas resulta insultante el nivel de desprolijidad que el gobierno presenta en estos temas. Esta columna solo cita parte de las observaciones enviadas al Ministerio de Medio Ambiente y que hasta la fecha no han tenido respuesta desde la institucionalidad pública. En el intertanto la entrega de las Contribuciones Nacionales Tentativas quedo para Octubre, por lo que entendemos que el proceso de participación ciudadana también fue aplazado, sin embargo, sin mayor explicación ni propuesta metodológica que lo retome, a solo cinco meses de la cita planetaria de la Conferencia de las Partes COP 21 en Paris.