El 27 de septiembre de 2018 estaba todo listo para que los países de América Latina firmaran, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el pacto que venían negociando en los últimos cuatro años. Ese pacto fue catalogado como un “instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental” para la región y bautizado como Acuerdo de Escazú, por la ciudad costarricense donde fue adoptado pocos meses antes de esa fecha.
El tratado lo que busca -como señala el escrito disponible en la Cepal– es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y entorno, y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.
Ese día de septiembre, todo apuntaba a que las naciones suscribirían el acuerdo que había sido impulsado por Costa Rica y Chile, bajo la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, pero que hasta mediados de 2018, contaba con el patrocinio del gobierno de Sebastián Piñera. En un comunicado -con fecha 7 de junio de 2018- y que aún es posible encontrar en el sitio web de la Cancillería, el Ejecutivo reafirmaba su compromiso “con la firma y pronta entrada en vigor” del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Pacto de Escazú.
En ese mismo escrito, de hecho, ambas co-presidencias invitaban a los 33 países de la región a “suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos”. Asimismo, añadían, “el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental”.
Pese a eso, 24 horas antes del día en que todo debía concretarse, el panorama chileno cambió: la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, confirmaba que la firma sería postergada por una decisión de la Cancillería. Lo que argumentaba Relaciones Exteriores en esa oportunidad, es que antes de poner la marca de Chile sobre el acuerdo era necesario estudiar los alcances que podría traer el pacto a la hora de resolver conflictos internacionales.
La no firma del acuerdo, sumado a la decisión meses después de no firmar el Pacto Migratorio, puso en tabla distintos cuestionamientos al Ejecutivo por no llevar adelante posturas conforme al multilateralismo que poco antes había promovido.
¿Incumplimiento?
A cuatro meses de la COP25 el tema no ha descansado. Distintas agrupaciones ambientalistas han desplegado estrategias para presionar la firma del gobierno antes del evento del clima que se realizará en Cerrillos entre el 2 y el 13 de diciembre.
El miércoles recién pasado, Andrea Sanhueza– representante del público para la negociación del Acuerdo de Escazú- junto a la ONG Fima, Amnistía Internacional, Codeff Chile, Espacio Público, Greenpeace y Observatorio Ciudadano, enviaron una carta dirigida a distintas autoridades mundiales: Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático; a Angel Gurria, secretario general de la Ocde, a Erik Solheim, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH; a David R. Boyd, relator de Derechos Humanos y Medio Ambiente de la ONU; y al director de la oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
En la misiva, las ONGs manifiestan que observan con “decepción la incoherencia e inconsistencia de la administración del Presidente Piñera, en particular, al autodeterminarse líder del multilateralismo ambiental e indicar que la próxima Conferencia de las Partes será una reunión ciudadana (…) Conscientes de que ningún país ha alcanzado el desarrollo sustentable y equitativo, el actuar del gobierno de Chile no da cuenta de una voluntad política real de avanzar hacia ese objetivo”.
“Chile se sitúa en una incómoda posición de incumplimiento del mandato que le confiaron los países, consistente en liderar este acuerdo hasta su primera Conferencia de las Partes. Por cierto, esto pone en entredicho la capacidad del gobierno de Chile para presidir las negociaciones de cambio climático”, añade el escrito que agrega que el hecho de que Chile sea el próximo anfitrión de la COP25 “no puede ser entendido como un motivo para eludir sus compromisos”.
Por este motivo, las agrupaciones solicitan a las instituciones que contribuyan para que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera firme el pacto.
Esta carta se suma a la que el 15 de julio pasado un grupo de relatores para Derechos Humanos de la ONU envió -a modo personal- a Presidencia. En ese documento expresan su preocupación y llaman a que Chile firme el acuerdo a la brevedad “antes del 27 de septiembre de 2019, fecha que marca un año desde que el Acuerdo fue abierto a firma. Esto permitirá la entrada en vigor del Acuerdo, para que el vital proceso de implementación pueda comenzar”.
A lo que se refieren, es que el acuerdo establece que para que pueda entrar en vigor, once de los países firmantes deben haber ratificado el pacto. En concreto, a la fecha, de los 17 Estados que suscribieron, solo uno ya ratificó su compromiso: Guyana.
El “gallito”
Con todo, lo que se dice es que al interior del gobierno las posturas están divididas. Según señalan cercanos al tema, en la Cancillería habrían voces a favor y otras en contra de firmar “Escazú”, pero la pugna estaría lejos de poder resolverse.
Trascendidos apuntan también a que el gobierno podría suscribir el acuerdo durante la próxima Asamblea General de Naciones Unidas -el 24 de septiembre- justo cuando se cumple el primer aniversario de la firma. Sin embargo, la información fue descartada por el ministerio que dirige Teodoro Ribera, aunque indicaron que eso no significa que la adhesión pueda llegar después.
El presidente de la comisión de Medio Ambiente del Senado, Guido Girardi, es uno de los parlamentarios que ha estado pendiente. “El Acuerdo de Escazú fue un acuerdo propuesto por Chile para ayudar a cumplir con ciertos estándares ambientales que son globales. La responsabilidad del medioambiente, del calentamiento global, de la biodiversidad son de todos y nos parece lamentable que Chile no suscriba. Lo que yo considero lamentable es el doble discurso, porque además, el Acuerdo de Escazú está muy por debajo de los estándares de lo que significa la COP25 o la COP de París”.
“No entiendo cómo Chile va a liderar la COP25 si no está dispuesto a firmar el acuerdo mínimo. Escazú es un acuerdo mínimo respecto de lo que tenemos que proponer en la COP25. Cómo nos va a creer el mundo cuando Chile diga ‘tenemos que avanzar” si tampoco está dispuesto a apoyar un pacto que, desde el punto de vista de la exigencia, está muy por debajo de los estándares de lo que significa la COP25. Hay incoherencia”, agregó el senador, quien manifestó que con la marginación del pacto “lo que se está tratando de proteger es un desarrollo a cualquier costo”.
