Por Nicolás Labra, encargado de Residuos y Agua de la Oficina de Sustentabilidad UC
La nueva ley de fomento al reciclaje, promulgada el pasado 17 de mayo, es conocida también como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Esta relación le hace un flaco favor a la futura implementación de los sistemas de reciclaje, ya que invisibiliza el rol clave que tendrá el consumidor dentro de la cadena de valorización de los residuos.
Una lectura superficial de la ley nos permite entender no sólo las responsabilidades de los productores e importadores de los productos prioritarios, sino también las responsabilidades y herramientas del sector público y el consumidor. Mientras el primero deberá promover la creación de plataformas de reciclaje y sancionar el incumplimiento de la ley, el consumidor tiene el imperativo de incorporar los residuos a los sistemas de recuperación. Esta etapa tiene una importancia tan crucial, que de no llevarse a cabo dificultaría el alcance de las metas de reciclaje, provocaría un aumento en los costos de recolección y, en último orden, podría significar el fracaso en el alcance de los objetivos que persigue la ley. Es por esto que la nueva normativa no es sólo una ley de fomento al reciclaje, sino que es una apuesta por un cambio cultural profundo en los hábitos de consumo y generación de residuos de la ciudadanía. En este contextom ¿cómo se hace cargo el sector público y el privado de apalancar este cambio cultural?
Desde el sector público, la educación ambiental pareciera ser la principal herramienta para gatillar este cambio. Sin embargo, un análisis histórico nos permite comprender que, en lo que respecta a programas formales de educación ambiental y su integración en los contenidos dentro del currículum, los esfuerzos han sido insuficientes. Más allá del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), no existen políticas exitosas permanentes a escala nacional. En este sentido, preocupa aún más la falta de protagonismo y liviandad con la que se incorpora la educación ambiental en el texto final de la ley de reciclaje.
Por su parte, es esperable que el sector privado utilice los mecanismos de mercado para promover hábitos como la diferenciación en origen y el uso de los espacios establecidos para el almacenamiento de residuos. Más allá de la pertinencia de estos mecanismos, sorprende la secundarización que sufrió uno de las principales herramientas de la industria a lo largo de la discusión de la ley. Me refiero a la incorporación de la recolección en los costos totales de los productos y a la información de estos costos a los consumidores. En la formulación de la ley, esta herramienta parecía ser una forma real de generar cambios culturales a través del impacto en los bolsillos de los chilenos. Hoy, la ley considera a este elemento sólo como una regulación posible dentro de otras herramientas legales.
El aumento de precios de los productos prioritarios, sin el detalle diferenciado de los costos de gestión de los residuos podría generar la falsa impresión de que los productores son los únicos interesados en promover y financiar los sistemas de recolección. De forma complementaria, desaprovecharía el potencial cambio de conducta de los consumidores a través de incentivos económicos. En este punto, el mensaje debe ser claro y conciso: la actual demanda de productos y servicios por parte de los consumidores es la principal causa de la generación de residuos a lo largo de toda la cadena de producción. Por esta razón, la ley de fomento al reciclaje si afectará el precio de los productos y el aumento de precio deberá ser costeado, parcial o totalmente, por el consumidor.
A pesar de estas deficiencias, me parece que si hay espacio para ser optimistas. La ley es un paso importante que permitirá formalizar el reciclaje y avanzar hacia una gestión integral de residuos, siempre y cuando exista una institucionalidad con planes de trabajo de largo plazo. Sólo bajo tal escenario podremos afrontar problemas socioculturales de mayor complejidad y que desde antaño no han sido internalizados por ninguna coalición política ni programa de gobierno tales como el sobreconsumo y la justicia ambiental.
