Tras semanas de su ingreso al Parlamento para su discusión, la Ley General de Residuos sigue generando incertidumbre de cuáles serán los alcances económicos, ambientales y sociales que generará en el país.
En lo central, la norma crea tres nuevos instrumentos de gestión ambiental: certificación, rotulación y etiquetado de productos; sistemas de depósito y reembolso, y la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Esta última, la más relevante, obliga a que los productores (fabricantes o importadores) sean responsables de la organización y financiamiento de la gestión de residuos de los productos que introducen al mercado nacional.La REP incluye a nueve sectores productivos que han sido catalogados como prioritarios: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, diarios, periódicos, y revistas; envases y embalajes; medicamentos; neumáticos; pilas y baterías; plaguicidas caducados, y vehículos.
La principal obligación de los productores consiste en cumplir con metas de recolección y valorización de residuos asociados por cada bien, las que se determinarán mediante un decreto supremo, previa tramitación de un procedimiento administrativo que involucra la participación de todos los actores implicados.
El mecanismo a través del que los productores deben cumplir con sus obligaciones de la REP es el llamado sistema de gestión, el que puede ser individual o colectivo, según lo definan los propios productores.
Joost Meijer, jefe de la Sección de Residuos del Ministerio del Medio Ambiente señala que en el país, desde hace algunos años existen iniciativas empresariales que se han ceñido al modelo REP anticipadamente. Tal es el caso de Copec, que somete a tratamiento aceites usados para reutilizarlos como aditivos para la producción de petróleo diesel. Meijer resalta también la labor de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (Afipa), que desde hace un par de años viene realizando una campaña de recolección, a través de centros de acopio y puntos de recepción, de los envases vacíos de plaguicidas.
Pese a estas iniciativas, ¿La discusión con los privados fue la etapa más difícil de abordar en la elaboración de la REP?
Efectivamente. Aunque la mayoría de las empresas implicadas en la REP son multinacionales, que ya conocen del funcionamiento de esta normativa por su experiencia en otros países, no es una ley fácil de implementar en Chile, principalmente porque a ellos (productores) se les exige que sean los precursores de un cambio cultural en una sociedad que hasta el momento no ve a los residuos como un recurso.
La situación estaba entrampada con los privados hasta que el año pasado, desde el Ministerio de Hacienda, surgió la idea de implementar impuestos verdes a través de la reforma tributaria que envío al Parlamento el Presidente Sebastián Piñera al Parlamento. Este impuesto apuntaba a casi los mismos productos que contempla la REP, por lo que eventualmente la reemplazaría.
Al revisar los alcances de este nuevo cuerpo normativo, las empresas rápidamente se manifestaron en contra y decidieron establecer mesas de trabajo con el Ministerio del Medio Ambiente para manifestar sus ideas en la elaboración de la REP. Ante ello, el Ejecutivo finalmente desechó la idea de incluir los impuestos verdes en la reforma tributaria.
Meijer indica que la REP, en contraposición con los impuestos verdes, se adecúa más a la línea que busca la cartera de Medio Ambiente para el país. Esto, porque la idea es que los residuos se transformen en un recurso para las empresas, fomentándose la apertura a nuevas líneas de negocios, y no terminen siendo un elemento de castigo. Agrega que aumentando las tasas de valorización, la tendencia internacional apunta a la creación de empleos y nuevos emprendimientos.
Sobre esto, Meijer señala que el entendimiento público-privado permitió la realización de sucesivos estudios sobre los impactos económicos, ambientales y sociales de la REP.
Neumáticos
Uno de los estudios, realizado por el Ministerio del Medio Ambiente con colaboración de la Corporación Alemana para la Cooperación Técnica, GTZ, analizó la situación de los neumáticos fuera de uso (NFU), que actualmente cuenta con un sistema de entrega, recambio y acopio local a través de talleres mecánicos, servitecas y distribuidores locales, con el que se recupera cerca del 16% de estos residuos (cifras del año 2008).
A ello, el estudio indicó que la aplicación de la REP con respecto a estos productos al año 2020 y, con una meta de recuperación en torno 60%, implicaría:
-La reducción de 560 mil m3 acumulados y manejados inadecuadamente, lo que equivale a la cancha de fútbol del Estadio Nacional llena con llantas a una altura de 78 metros.
-Producir 30 mil toneladas de caucho, ahorrando divisas al país, disminuyendo los impactos de extracción, transformación y transporte y riesgos asociados a otros países.
-Aportar $1.490 millones por año al PIB de Chile.
Según Meijer, una de las políticas que ya se establecieron para lograr esta meta tuvo que ver con el acuerdo de producción limpia (APL) que suscribió la CINC (Cámara de la Industria del Neumático de Chile) y que contempla el establecimiento de cerca de 280 puntos de acopio entre las regiones RM, V y VI.
Además, con la implementación de la REP y la creación de nuevas plantas de valorización de NFU, Meijer destaca que se cambiará el destino de las mismas, para lo que se supone la implementación de 15 centros de acopios centralizados, un mejoramiento del transporte local y nuevo sistema de transporte interregional.
e-waste
En cuanto a los residuos de equipos de informática−de los que un 82% termina en un “destino desconocido” (cifras 2008) −el estudio manifestó que al año 2020, la REP permitiría:
-La reducción de 70 mil m3 de equipos acumulados y manejados inadecuadamente, lo que equivale a la cancha de fútbol del Estadio Nacional llena con residuos electrónicos a una altura de casi 10 metros.
-Dejar de producir casi 3.300 toneladas de metales (cobre, aluminio, hierro) con todos los costos asociados que tiene la extracción minera, su refinación, producción y transporte.
-Reducir en el país el consumo de energía convencional en 55 mil GJ, equivalente al consumo de cerca de 1,8 millones de litros de combustible.
-Reducir la emisión anual de CO2 en casi 45 mil toneladas, equivalente a lo que consumen 150 mil árboles adultos.
El estudio infiere que para cumplir con estas metas es importante que el Reglamento Sanitario de Residuos Peligrosos (DS 148/03) se modifique para que no aplique a los equipos electrónicos fuera de uso antes de su desembalaje en plantas de reciclaje.
Para los usuarios, la pesquisa recomienda que se norme la información a usuarios respecto de los componentes y partes de los equipos electrónicos, su manejo y entrega adecuada; considerando en ese contexto su etiquetado.
Según Meijer, el estudio−que también evalúo a aceites y lubricantes usados (ALU) y baterías fuera de uso (BUF)− concluyó que los impactos económicos, sociales y ambientales de la REP son positivos en los sectores productivos analizados.
Gestión municipal, el lado gris
Meijer indica que en apoyo a la REP, la Ley General de Residuos creará un fondo para los municipios con el objetivo de que se financien iniciativas, programas, estudios y acciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización.
“Reforzar la educación ambiental en la población es fundamental para el cumplimiento de esta normativa. Asimismo, es importante que los recicladores de base se incorporen de forma efectiva y formal al sistema”, señala el funcionario ministerial.
Explica que en Brasil los recicladores han sido incorporados en la REP como parte de la gestión de los residuos a nivel local. “Esto ha permitido que algunos gobiernos paguen directamente a los recicladores por las toneladas recolectadas o que se les otorguen determinados sectores para que entreguen un servicio de retiro a la comunidad, logrando con ello, el aumento de la tasa de reciclaje y la posterior formalización del sistema”, manifiesta.
Por su parte, la entrada en vigencia de la REP cumpliría un rol fundamental en la billetera de los municipios, dado que si las metas trazadas de valorización se cumplen, aliviarán la carga en la gestión de residuos de las comunas, y, a su vez, la inversión que éstas realizan en esta operación. Consecuencia no menor, teniendo en cuenta la crisis que explotó a fines de julio con el paro de recolectores, que derivó en alerta sanitaria en varias regiones del país.
De ahí en más, hubo fuego cruzado entre los municipios, el gobierno y las empresas sobre qué ente era el encargado de cumplir con las demandas salariales y laborales de los trabajadores.
En la edición de agosto de Revista Ecoamérica, Iván Borcoski, vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), señaló que el gobierno debería, a través de la Subdere, otorgar subsidios a los municipios con el objetivo de que éstos paleen las demandas salariales de los trabajadores a partir de los contratos de licitación con las empresas. “Los municipios no pueden seguir pagando por las desigualdes de Chile”, manifestó Borcoski en esa entrevista.
Ante esas declaraciones, Joost Meijer, indica que en la actualidad no pueden existir esos subsidios, ya que los municipios no han establecido un sistema de transparencia en cuanto a los fondos utilizados para la gestión de residuos.
“Si bien existe conciencia que la mayoría de los municipios tienen dificultades para cumplir con una adecuada gestión de residuos, debido principalmente a las exenciones de renta y el no pago de los contribuyentes por los derechos de aseo, éstos deben transparentar los recursos que destinan mensualmente a esta acción, aclarando cuál es el monto de la brecha que debe ser subsidiada. De lo contrario, este dinero estatal podría ir a parar a cualquier departamento municipal, según la visión y apremio de las autoridades de turno”, señala Meijer.
Agrega que es responsabilidad de cada alcalde cumplir con los cobros por los derechos de aseo a los vecinos de su comuna; sin embargo, esto no sucede -un estudio de la Universidad Iberoamericana indicó que entre los contribuyentes que sí deben pagar por la recolección de basura, la mitad no lo hace, lo que genera una deuda de $150 mil millones por año en los municipios-, en parte porque los municipios prefieren cubrir estos costos con el fin de no perder réditos electorales.
Otra situación que salió a la palestra pública con esta crisis de residuos fue la falta de rellenos sanitarios con la que cuenta el país actualmente. Un estudio de la Subdere plantea que las instalaciones faltantes son 27. De ellas, cuatro están en construcción: Mejillones, Tocopilla, Arauco y Huasco; y otras 4 en periodo de licitación: Osorno, Llanquihue, Caldera y Puerto Natales. Sobre las 11 restantes, según Meijer, no existe claridad aun.
A ello, el jefe de la Sección de Residuos del MMA vuelve a disparar contra los municipios y asevera que pese a que el gobierno tiene un fondo disponible para la construcción de rellenos y así completar el margen de déficit a nivel nacional, las comunas no han demostrado interés en postular y adquirir estos financiamientos.
¿Cuál es la razón?
Aparte del costo social por aprobar la construcción de un relleno sanitario en el patio de tu casa, como la gestión de residuos carece de recursos, principalmente en los municipios de regiones, que es justamente donde se requiere la construcción de esta infraestructura, los municipios prefieren seguir destinando la basura hacia vertederos y basurales, en una acción que obviamente resulta ser menos costosa.
Según Meijer, esta tendencia queda demostrada en la Región de Arica y Parinacota, donde 99 de cada 100 toneladas de basura que se producen se arrojan en vertederos. También en la Región de Los Lagos, donde el 62% de los desechos son depositados en 13 basurales y el resto se acumula en vertederos. Y en Magallanes, región que tampoco cuenta con puntos de acopio que cumplan la norma, apunta el funcionario.
Pese a esta pasividad de los municipios, en el reglamento de rellenos sanitarios de 2008 se indica que en esta época de transición los vertederos deben ir gradualmente adquiriendo rasgos estructurales, como por ejemplo evitar la filtración de líquidos percolados, ¿No hay un mea culpa de las autoridades sanitarias en cuanto a la fiscalización de este cuerpo normativo?
Por supuesto que lo hay, ya que este apéndice del reglamento casi no se aplica. Esto, se debe a que la gestión de la basura funciona con una mirada cortoplacista, por naturaleza propia. Por ejemplo, en Arica las autoridades no pueden cerrar un vertedero porque no cumple con la norma, pues se generaría de inmediato una alerta sanitaria, ya que no hay otros recintos de acopio mejores. Es una estructura país la que ha funcionado deficientemente, con muy poca ayuda de los actores que tienen que ver en ella.
¿La REP podría constituirse como una solución para la gestión de residuos municipal y que ello arrastre el sinnúmero de deficiencias que presenta el sistema actualmente?
Confío en que a medida que las empresas cumplan con sus compromisos de valorización de residuos, los municipios estén más aliviados económicamente, y desde ahí puedan empezar a ordenarse y a establecer políticas más al largo plazo. No obstante, la REP no representará una solución definitiva si no se empiezan a incluir dese ahora políticas eficientes y ordenadas a nivel local en la gestión de la basura.
