Greenpeace calificó como una operación encubierta realizada justo en medio de las festividades del 18 y cuyos estándares de seguridad ambiental están lejos de poder ser garantizados el proceso de descarga y traslado de las 100 toneladas de desechos de salmones muertos que se mantuvieron durante meses en las bodegas del barco Seinkogen que se hundió en las costas de Chiloé.
Las operaciones de descarga del material tóxico comenzaron ayer a primera hora de la mañana, cuando barcos traspasaron las toneladas de desechos a la planta San José en la comuna de Calbuco. Alertados por la situación, pobladores y organizaciones locales intentaron bloquear las puertas de acceso, desde donde otros camiones están comenzando a esta hora transportar los desechos tóxicos a la planta de desechos salmoneros Fiordo Austral, a unos 45 kilómetros de distancia. Se reportan varios detenidos por estas protestas en Calbuco y la intervención de Fuerzas Especiales.
“Estamos ante una maniobra que se ha intentado realizar entre gallos y medianoche, justo en medio de las festividades del 18 para intentar pasar lo más desapercibidos posible. Es evidente que existe un ánimo de intentar resolver esta crisis medioambiental con lo menores impactos comunicacionales posibles. Ni la empresa salmonera Camanchaca ni las autoridades han escuchado a las comunidades y autoridades locales que han rechazado la maniobra. Lo más grave es toda esta maniobra se está haciendo sin tomar en cuenta los recursos judiciales que han sido interpuestos para impedir el procedimiento. El gobierno no parece haber aprendido la lección de Quintero y sigue más empeñado en solucionar los problemas a las empresas que de garantizar la salud de las personas”, dice Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace.
Las 100 toneladas de salmones, después de haber sido descargados en Calbuco, pretenden llegar a una planta procesadora de la zona, en donde se les aplicarán diferentes químicos para «neutralizar» el contenido y obtener como resultado toneladas de una gran masa de lodo salmonero. La idea es que ese lodo sea lo menos tóxico posible cuando llegue a su destino final: la planta Ecoprial de desechos industriales en Osorno.
El lugar, sin embargo, presenta un extenso historial de sanciones por incumplimiento de normas medioambientales. “¿Cómo la comunidad puede estar segura de un procedimiento en donde el receptor final de los desechos está lejos de ser un recinto confiable y en donde hasta la propia Superintendencia de Medio Ambiente ha presentado reparos a sus operaciones?”, señala Estefanía González.
Por su parte, Heriberto Teuquil, lonko de la comunidad Huilliche “Hijos del mar” de Puntilla Isla Tenglo, dice: “Nos sentimos pasados a llevar. Están a pleno día haciendo la descarga sin ninguna garantía de seguridad. Se nos ha escondido información y no somos tomados en cuenta. En medio de estas celebraciones de Fiestas Patrias, ¿cómo vamos a levantar la bandera con lo que nos está pasando? Estamos cansados de la contaminación”.
De acuerdo con Greenpeace, el procedimiento de descarga ha estado plagado de irregularidades. Por ejemplo, que las autoridades no han entregado los antecedentes técnicos ni los argumentos que sustenten la decisión de hacer esta riesgosa maniobra en mar, que no se ha facilitado información respecto de las naves que realizaron la operación, con qué certificaciones contaban y menos las medidas de seguridad medioambiental que se tomaron para llevarla a cabo.
“De acuerdo a nuestras imágenes satelitales no hubo presencia de buques de la Armada supervisando esta descarga en el mar. La verdad es que en este momento nadie puede garantizar que la operación no tuvo consecuencias medioambientales, las cuales podrían quedar a la vista no de manera inmediata, sino a futuro”, explica Estefanía González.
Por último, Greenpeace hizo un llamado urgente al gobierno: “En este momento en la zona se necesitan menos funcionarios de Fuerzas Especiales y más inspectores de medioambientales. No sigan agrandando las zonas de sacrificio del país”.
