Gobierno se abre a tipificar penalmente los delitos ambientales vía ley especial tras caso Quintero

La senadora Ximena Rincón destacó que “el ministro (Chadwick) manifestó toda su disposición a legislar en materia de delito penal ambiental. Específicamente, como una legislación especial y no dentro de las modificaciones al Código Penal. Por la importancia del tema y lo que significaba poner en línea nuestra legislación con la del mundo”.

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El pasado lunes al mediodía, el presidente de la DC Fuad Chahín en conjunto con la senadora de ese partido y presidenta de la Comisión de Sostenibilidad y Productividad, Ximena Rincón; el ex ministro de Medio Ambiente y el ex fiscal de la cartera, Pablo Badenier y Jorge Andres Cash respectivamente -ambos también DC- se reunieron en La Moneda con el ministro del Interior Andrés Chadwick.

En la cita, que se extendió por cerca de 40 minutos, plantearon tres ideas que fueron bien recibidas por el secretario de Estado. Una de ellas es que se tipifique penalmente los delitos ambientales, debido a los anuncios que ha realizado el gobierno respecto a ingresar a tramitación una reforma al Código Penal. En segundo lugar, que el gobierno entregue patrocinio a una iniciativa legal que pueda fijar las condiciones de operación de los proyectos que se encuentran hoy en funcionamiento, pero que no fueron evaluados ambientalmente por haber iniciado sus operaciones con anterioridad a 1997, fecha de entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Y lo tercero: un fortalecimiento de las facultades del Ministerio de Medio Ambiente dado que consideran limitadas las atribuciones, pues no puede enfrentar una crisis como la actual que sufre por episodios de contaminación la zona de Quintero y Puchuncaví. No sólo por tiempo, sino por carencias legales que tendría la institución según le destacaron al titular de Interior.

En conversación con La Tercera PM, la senadora Ximena Rincón destacó que “el ministro (Chadwick) manifestó toda su disposición a legislar en materia de delito penal ambiental. Específicamente, como una legislación especial y no dentro de las modificaciones al Código Penal. Por la importancia del tema y lo que significaba poner en línea nuestra legislación con la del mundo”.

De igual manera, el ex fiscal del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Andres Cash sostuvo que “el gobierno se está inclinando por una ley especial para tipificar el delito por lo largo que puede resultar la tramitación de un cambio al Código Penal, que puede trascender varios mandatos de gobierno, por la complejidades especifica del delito y por la urgencia de tener delitos penales ambientales”.

“El ministro –dijo– que si bien no había una decisión tomada, era lo más probable”, recalcó el abogado especialista en materia ambiental.

Tras la cita, las partes acordaron agendar un calendario de trabajo, donde la primera reunión se concretará el próximo martes con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, quien liderará la mesa por parte del Poder Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Interior confirmaron que recibieron las propuestas y quedaron en estudio para ver la factibilidad de penalizar los delitos ambientales.

Experiencias y situación actual

Chile actualmente es uno de los pocos países del mundo que no tiene una legislación penal ambiental. Un modelo interesante en Sudamérica, es el modelo brasileño que posee una ley especial, que privilegia penas alternativas a la cárcel.

Cash encabezó una mesa de trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente para la elaborar un proyecto de ley, en la que participó el actual Ministro de la Corte Suprema y experto en derecho penal del medio ambiente, Jean Pierre Matus, modelo en que se basa la posición en la que avanza la DC.

En la instancia del gobierno anterior no hubo acuerdo con la cartera de Justicia que buscaba incluir la tipificación de los delitos ambientales debido a que buscaba introducirlo en un ajuste al Código Penal.

Hoy la sanción más dura que puede imponer el Estado en materia ambiental a una persona jurídica, es la revocación de su autorización de funcionamiento (Resolución de Calificación Ambiental) o una multa de US$ 10.000.000. Las personas naturales responden personalmente desde el punto de vista penal, civil o administrativo conforme a la legislación común vigente.

La sanción la impone la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

En alerta y conflictos de Enap

En otro tema, Empresa Nacional del Petróleo fue la primera en ser sindicada por parte de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente como la principal sospechosa en los episodios e contaminación en la bahía de Quintero.

En paralelo, la firma estatal sigue llevando adelante reuniones por la crisis ambiental en la zona, encabezadas por el gerente general de Enap Refinería, Edmundo Piraino, quien hasta el momento sería el único ejecutivo al que el fiscal de Quintero, Mauricio Dunner le ha tomado declaración en calidad de “imputado”.

La situación al interior entre los ejecutivos de Enap es de alerta. No pocos son los que incluso prevén que la formalización de la investigación sería inminente por parte del Ministerio Público. Cabe precisar que esta etapa corresponde sólo a la comunicación de los cargos que imputaría el Ministerio Público. Ello debido a que califican el informe de la PDI como contundente y que perjudica la defensa de Enap frente a los hechos.

Respecto de este informe,Enap recalcó que el acta de fiscalización de la policía civil “al Terminal de ENAP no indica ninguna constancia de anomalía o presencia de alguna emanación fuera de lo normal. El mismo día también hubo presencia de fiscalizadores de la SMA quienes no presentaron molestias en esa ocasión, como tampoco en ninguna de las otras 38 inspecciones que hemos recibido en este período”.