Este martes 8 de octubre, los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema deberán resolver el recurso de protección que opositores a la iniciativa eléctrica presentaron por la actuación del Comité de Ministros que aprobó la construcción de la central de propiedad de la firma Endesa.
El veredicto tiene más que pendientes a varios actores de la industria y usuarios, entre otros, del sector minero y residencial. El proyecto de generación eléctrica busca alcanzar una capacidad de 740 MW para el desarrollo de la zona norte, por lo que su importancia no es menor de cara a la situación energética del país, consigna Emol.
El fallo además definirá además el cuestionamiento a la institucionalidad vigente respecto de la labor que le compete al Consejo de Ministros.
De cara a los cotos de la energía en tanto, éstos se encuentran por sobre el promedio del resto de los países de la OCDE y de Latinoamérica. En 2012, la electricidad residencial en Chile costaba US$ 185 por MWh, mientras que el promedio de la OCDE fue de US$ 171.
Los hitos de caso
Fue el pasado 3 de diciembre de 2012 cuando el Comité de ministros aprobó la construcción de la central carbonera Punta Alcalde; con esto se revirtió la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que había rechazado su desarrollo.
Luego, el pasado 1 de agosto pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió tres de los cuatro recursos de protección presentados en contra de la decisión del Comité de Ministros que había resuelto calificar ambientalmente favorable a la iniciativa.
Este fallo recibió una apelación por parte de Endesa y del Comité de Ministros por considerar que la aprobación de Punta Alcalde “se ajusta a derecho, y no fue ilegal ni arbitraria”.
Así, la Corte de Apelaciones capitalina resolvió que deberá realizarse una nueva sesión del Comité de Ministros en la que se pronuncien respecto a los argumentos vertidos en la resolución denegatoria de la Comisión Ambiental de Atacama, en relación al real impacto en la calidad del aire que genraría la operación de la central.
Por su parte, representantes de organizaciones ambientalistas del Huasco denunciaron la contratación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de los servicios del abogado, Jorge Bofill, “para respaldar a Endesa S.A. en la inaceptable aprobación y construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde en nuestro Valle del Huasco, ya saturado de contaminación y muerte”.
Como réplica, la firma Endesa presentó dos estudios en derecho que buscan refrendar la legalidad de la actuación del Comité de Ministros en el proceso de aprobación de la cuestionada termoeléctrica.
En tanto el 1 de octubre último, la Corte Suprema suspendió los alegatos, esto luego de que representantes de las Municipalidad de Huasco junto a organizaciones ambientales de la zona presentaron una recusación de cara a la integración de abogados para constituir la sala.
Fuente: El Dínamo
