Generadoras eléctricas, cementeras y metalúrgicas serán las industrias más afectadas por los impuestos verdes. Este gravamen, que hará tributar las emisiones de los agentes contaminantes para tener un país más sustentable, afectará a cerca de 150 fuentes fijas de emisión, según datos preliminares del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Medio Ambiente.
El proyecto de reforma tributaria que se discute en el Congreso contempla tres impuestos llamados verdes. Uno que afectará la venta de vehículos diésel; otro general, que afectará la emisión de CO2 -y que el proyecto original cifraba el gravamen en US$ 5 la tonelada-, y el último, enfocado en contaminantes locales, como el dióxido de azufre (SO2), de nitrógeno (NOx) y material particulado (MP). Estos dos últimos impuestos, según el protocolo de acuerdo firmado entre el gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado, el 8 de julio, se aplicará a las fuentes fijas que tengan una potencia térmica igual o superior a 50 megavatios (MW). Esta especificación es relevante, ya que el sector eléctrico acusaba discriminación en la forma en que se aplicaría el nuevo tributo, centrando el impacto en este sector y excluyendo, por ejemplo, a las fundiciones mineras. El protocolo establece que “se aclarará el ámbito de aplicación del impuesto a la emisión de fuentes fijas”. Lo que se escriba finalmente en las indicaciones tiene en vilo al sector industrial.
Las estimaciones preliminares del gobierno son que 142 fuentes fijas serán afectadas con el impuesto. De ese total, 93 corresponden a la generación termoeléctrica, incluyendo las unidades para generar energía y las centrales de empresas privadas. El resto corresponde a fuentes fijas de la industria cementera, papeles, celulosa (las centrales de biomasa estarán excluidas del pago), metalúrgica y alimenticia. A esto hay que sumar el levantamiento de información que está realizando el Ministerio de Minería y donde se deberían incluir las siete fundiciones con las que opera hoy la industria en el país. El número si bien es importante, indica una fuente del sector industrial, es menor al universo que inicialmente contemplaba el gobierno, donde se hablada de 500 empresas.
Cierre o reestructuración
El análisis crítico al interior de la industria lo anticipó el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, quien indicó que, según la experiencia comparada, el nuevo gravamen no tendrá impacto en la reducción de las emisiones, pero sí puede sacar del mercado a varias empresas. El presidente de Asimet, Gastón Lewin, comparte esa visión. Indica que no se trata de hacer “política del terror”, pero que puede haber cierre de compañías, “sobre todo de aquellas que ya están en el límite”. Destaca que el sector manufacturero hizo un importante esfuerzo para adecuar las operaciones a la nueva norma de emisiones que afectó a las fundiciones. “Ese compromiso es reconocido por la autoridad”, dice. El sector, añade, debió realizar esas inversiones en un escenario adverso, con costos de la energía y laborales altos y con la fuerte arremetida de Asia en la importación de productos.
Para el gerente general de Melón, cementera del grupo peruano Brescia, Jorge Eugenin, este impuesto no pone en riesgo la continuidad de la compañía, “que tiene más de 100 años de historia”, afirma, “pero sí nos podría obligar a reorganizar nuestros procesos para mantener nuestro liderazgo”.
Eugenin explica que la compañía siempre ha aportado al desarrollo del país y que la firma entiende que los conceptos de desarrollo y sustentabilidad son los que persiguen los impuestos verdes, pero “creemos que lo que ha salido publicado en el protocolo de acuerdo del Senado podría no generar los efectos deseados, particularmente en nuestra industria”. Uno de esos efectos, detalla, podría ser la transferencia inmediata de la producción local por importaciones generadas por el posible cierre de hornos. “Esto implicaría pérdidas de empleos estables, aumento en las emisiones de CO2 global y la reducción de la capacidad de reciclaje de residuos para la sociedad”. El ejecutivo explica que el CO2 producido por la industria del cemento proviene principalmente de la descarbonatización de la caliza, más que por el uso de combustibles fósiles. Además, indica que Chile está entre los 10 países que menos emiten CO2 en esta industria y que las emisiones del sector son un 20% menor al promedio mundial. Con este escenario, indica que el impacto económico de este impuesto significaría un aumento aproximado de US$ 3 por tonelada, “generando una desventaja económica competitiva ante los mercados externos que no aplican impuestos verdes directos a la fabricación de cemento, considerando nuestro factor de emisión”.
Competencia desleal
Para CAP Acero, la situación también es crítica. La compañía ya vivió un 2013 complejo, que implicó una fuerte reestructuración de la planta de Huachipato, reducción de personal y el cierre de una línea de producción. Con el nuevo impuesto, el escenario nuevamente se complica. La empresa explica que “el costo que representaría la aplicación de los impuestos a las emisiones no podrá traspasarse a precio, constituyendo una carga que afectará directamente la competitividad de la industria nacional, amenazando severamente su viabilidad”. Ello, porque al ser una siderúrgica integrada, no es técnicamente factible migrar los procesos industriales a tecnologías de menor emisión. “El carbono como elemento químico constituye el agente clave para lograr la reducción del mineral de hierro en la primera etapa del proceso para la obtención de acero. No existe hoy una tecnología que permita operar los Altos Hornos con un agente distinto al carbono proveniente del carbón mineral”, dice CAP.
En CAP Acero señalan que sería paradojal que, como consecuencia de esta iniciativa, el mercado nacional terminara siendo abastecido en su totalidad por acero importado, originado en países que lo producen sin regulación de sus emisiones. “Esta constituye una nueva faceta de competencia desleal, que se agregaría a la que ya debe enfrentar la producción local de acero y cuyos efectos negativos sólo podrán ser compensados por la imposición automática de una sobretasa aduanera que replicara los efectos del impuesto en discusión”, dice la compañía.
Lo que se espera
Por todos estos puntos, en el sector privado esperan que el proyecto de ley, cuyas indicaciones serían ingresadas todas juntas en las próximas semanas, haya claridad en lo que se quiere gravar y el monto que tendrá el impuesto. Y también, que exista gradualidad en su implementación, tiempo que debería ser mucho mayor que cinco años, dice Gastón Lewin.
Para René Muga, vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile, los detalles de la iniciativa “deben quedar claramente escritos, porque tal como está hoy, hay muchos vacíos”. Uno de los puntos de interés del sector es que las generadoras puedan quedar exentas del pago si la compañía ya compensa las emisiones que quedan en la atmósfera. Esto, a raíz de que las empresas eléctricas, por obligación, imposición o voluntariamente, ya compensan sus emisiones. “Si lo que se quiere con esto es reducir emisiones y no recaudar dinero, debería haber un incentivo para que aquel que emite, pero compensa, no tenga que pagar el impuesto o pueda presentar como crédito tributario todo aquello que compensó”, explica.
Para Jorge Eugenin, la consideración de CO2 como elemento contaminante, tal como está planteado en el proyecto de ley, debería modificarse o eliminarse, ya que, a su juicio, un gravamen en la industria del cemento que no considere metas y/o los efectos mundiales de este contaminante no generan beneficios para el medioambiente. Si la reforma tributaria mantiene el impuesto al CO2 para la industria del cemento, señala que “se debería considerar la actividad del coprocesamiento de nuestros hornos, similar al caso de las fuentes que usan la biomasa”, tecnología que no pagará este impuesto.
Fuente: La Tercera
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