La pandemia del Covid-19 dejó en evidencia que el acceso al agua limpia todavía no es un derecho plenamente garantizado para todos los chilenos.
El llamado del gobierno a los ciudadanos hoy es a lavarse de manera recurrente las manos para evitar el contagio de este mortal virus, sin embargo, la realidad nos devela que en el siglo XXI hay ciudadanos que no tienen acceso al agua potable en varias comunas de Chile.
A eso se suman los graves problemas de sequía que afectan al país. Aunque este fenómeno se instaló hace cerca de 10 años, el 2019 mostró su cara más ruda en la zona centro y ello obligó al gobierno a decretar emergencia agrícola y ganadera por la falta de agua en varias ciudades como El Maule, La Región Metropolitana, Coquimbo y Valparaíso, entre otras.
Este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua que conmemora la importancia del agua dulce y que busca crear conciencia respecto a que su acceso sea visto como un derecho humano para las personas.
Sin embargo, en Chile estamos muy lejos de festejar. Por ello resulta fundamental que pasada la emergencia de la pandemia que afecta al mundo entero, repongamos nuevamente el debate sobre el agua como un derecho para que el gobierno impulse una reforma a la Constitución.
La grave situación que estamos enfrentando debe haber hecho reflexionar a la Derecha y al propio Gobierno, y lamentar su rechazo al proyecto de ley que tenía como objetivo consagrar el agua como bien de uso público en la Constitución y que se perdió en enero recién pasado.
Pero pese a que tuvimos 24 votos para votar a favor esta reforma y sólo 12 en contra, la iniciativa legal se perdió en el Senado porque se requerían dos tercios para aprobarla; es decir 29 sufragios, según la actual Constitución.
De ahí que resulta fundamental cambiar la Constitución del ’80 y confío en que este debate se instale con fuerza en la Convención Constituyente donde se reescribirá la nueva Carta Fundamental.
Pero no podemos esperar que cambie la Constitución para avanzar en esta materia y por ello buscaremos, pasada la emergencia de la pandemia, reponer el proyecto de ley que reforma del código de aguas.
El objetivo de la iniciativa es ratificar el carácter de bien nacional de uso público de las aguas y su polifuncionalidad. En ese sentido se busca reemplazar el concepto de concesión y de esta forma igualar su uso.
Respecto a situaciones de escasez hídrica la iniciativa establece entregar y reconocerle una actuación relevante a las organizaciones de usuarios de las aguas en la redistribución de los derechos de aprovechamiento en caso de sequía y frente a la declaración de escasez se les encomienda a las Juntas de Vigilancia elaborar un acuerdo para las redistribución de las aguas y para ello contaran con un plazo para realizarlo.
Parece increíble que en la tercera década del siglo XXI tengamos que promover un proyecto de acceso al agua para la población, lo que debiera haber sido lo más normal. Esto es el mejor ejemplo lo que significó la privatización del agua.
Otra iniciativa debe incluir a las empresas sanitarias para que a través de una norma estén obligadas a instalar bebederos en las vías públicas, establecimientos educacionales, patios de escuelas, lugares de trabajo para que los trabajadores tengan dispensadores de agua suficiente, y a los restaurantes para que ofrezcan agua potable sin costo para sus clientes.
Hoy no podemos celebrar, pero sin duda este Día Mundial del Agua nos ayudará a reflexionar de lo importante que resulta para que el Estado chileno instaure el agua como un derecho humano. Es la salida que nos permitirá enfrentar la sequía y futuras enfermedades como el Covid-19 que hoy golpea al mundo.
