La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) lanzó una normativa que regula el uso de drones en espacio públicos, medida que pone a Chile como pionero en Latinoamérica en este tema.
Los vehículos aéreos no tripulados (VANT o UVT, por su sigla en inglé), más conocidos como drones, deberán tener una autorización de la DGAC, que dispuso de un sistema que se puso en marcha a contar de este mes.
“Esta normativa tiene que ver con la individualización del tipo de drones que se va a poder usar, las circunstancias en que se van a poder emplear, y finalmente, quiénes van a poder emplearlas”, explicó el general Maximiliano Larraechea, Director General de la DGAC.
De esta forma, podrán sobrevolar espacios públicos aeronaves de marcas reconocidas y registradas, “con un peso no mayor a 6 kilogramos, más el peso del paracaídas”, el que se exigirá para evitar tragedias en caso de un accidente.
Si un dron de siete kilos cae desde una altura de 10 metros su impacto en el suelo es de unos 70 kilos. “Eso mata a una persona, por eso exigimos el paracaídas y limitamos el peso”, comentó Larraechea.
Quienes podrán pilotear estos aparatos serán “operadores que estén registrados, quienes contarán con un certificado que obtendrán en la DGAC, previa rendición de ciertos exámenes de reconocimiento mínimos, junto a la individualización de nombres con una credencial de operador”, detalló Larraechea.
En cuanto a los usos, podrá utilizarse un dron para beneficio público como “la difusión de información en beneficio de uso público, en que caen los medios de prensa” y también para “actividades solicitadas por un agente del Estado”.
El director de la DGAC aclaró que la normativa es sólo aplicable en espacios públicos, como una plaza, pero “lo que hagan privados en espacios privados, no es materia de nuestra competencia, y no es materia de esta regulación”.
La normativa DAN 151, como ha sido bautizada, regula además especificaciones respecto a lugares en donde será posible operar, a distancia mayor a dos kilómetros de un Aeropuerto o Aeródromo. Asimismo, deberán abstenerse de hacerlo en zonas restringidas y prohibidas por la DGAC, así como no volar de noche, a una distancia mayor de 500 metros y a una altura de 130 metros (450 pies).
En los lugares donde se combaten incendios, tampoco son permitidos usarlos.
De no pedir los permisos, quienes operen un dron se arriesgan distintas multas que llegan hasta los 500 UTM. En caso de irregularidades, la DGAC es la entidad a cargo de recibir las denuncias, y se espera que en un futuro lo sean también la fuerza pública.
Los drones tienen utilidad en distintas aplicaciones ambientales, pero también su uso masivo significa una amenaza para la privacidad e integridad de las personas. Ver también: Los drones se unen a la vigilancia ambiental
Fuente: Radio Bío Bío
