Frente a la grave crisis hídrica por la que atraviesa el norte de Chile y el uso de las aguas de glaciares y salares por parte de empresas mineras, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Marcos Espinosa, presentó un proyecto de ley que aumenta en un 1.000 por ciento las actuales multas por infracción al Código de Aguas (CDA).
La Comisión Investigadora por el Daño Ambiental en Salares y Glaciares ha determinado que existe un engaño por parte de las empresas que trabajan en estas áreas en relación a la extracción del agua desde pozos subterráneos.
Asimismo, la Dirección General de Aguas (DGA) no logra fiscalizar la totalidad de las faenas y son las mismas empresas las que presentan informes con detalles del agua que extraen. De acuerdo al parlamentario “existe una duda razonable respecto de la veracidad de esos informes. Muchos de ellos son maquillados para esconder que en realidad sacan prácticamente toda el agua que existe, dejando a la población sin suministro para el consumo, la agricultura y el ganado”.
Actualmente las grandes mineras arriesgan una multa de 20 UTM por cada infracción al CDA (unos 918 mil pesos), cifra considerada “irrisoria” por Espinosa, quien plantea en el proyecto aumentar ese importe a 200 UTM, es decir casi 10 millones de pesos.
Además, el legislador indica en el proyecto de ley la necesidad de que la DGA aplique controles presenciales en todas las faenas de extracción de aguas, haciendo una obligación la fiscalización de funcionarios del organismo para detectar posibles irregularidades.
En forma adicional, el diputado radical presentó un proyecto de resolución en el que solicita a la Presidenta Bachelet que las multas que se apliquen en esta materia vayan al gobierno regional de la zona afectada, para que los dineros puedan ser reinvertidos en medidas paliatorias que beneficien a los ciudadanos.
