El otorgamiento de derechos provisionales o eventuales de agua no afectarían el comportamiento general de los acuíferos nacionales, aseguró Francisco Echeverría, director interino de la Dirección General de Aguas (DGA) ante la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara de Diputados.
Según lo planteado por la DGA, el mayor impacto estaría dado por la ocurrencia de fenómenos climáticos.
La DGA, explicó Echeverría, ha realizado varios estudios, y en casos particulares, como en el de La Ligua, las estadísticas recopiladas desde hace 50 años señalan que el acuífero “es muy sensible a las precipitaciones”. “Cada vez que hay un período de sequía, el acuífero se va al suelo, por lo tanto, el efecto de los derechos provisionales, si los dejáramos sin efecto, se produciría el mismo impacto, porque la baja en los niveles de los pozos se debe a la falta de precipitaciones”, enfatizó.
El especialista recalcó que el Código de Aguas establece que para objetar una solicitud de derecho provisional, es preciso demostrar que éste afectará a un derecho definitivo. En todo caso, reconoció que pueden carecer de información más precisa y que para subsanar dicha deficiencia sería necesario recibir una denuncia específica. “Que nos digan qué pozo provisional estaría afectando qué pozo definitivo, ya que es una información directa que no tenemos”, comentó.
En cuanto a los derechos eventuales, explicó que estos se otorgan cuando se producen aumentos de caudal y que están asociados a fenómenos climatológicos especiales, como el aumento de las precipitaciones y la generación de crecidas. Agregó que estas autorizaciones también pueden estar vinculadas a derechos no consuntivos, ya que captan el recurso y restituyen al cauce.
Francisco Echeverría indicó que, en términos generales, las empresas muy grandes (mineras, plantaciones mayores, forestales, entre otras) no incurren en infracciones, salvo casos muy específicos que estiman más rentable extraer agua sin título que pagar las multas que hoy son de 20 UTM. En este sentido, relevó la importancia que avance en el Senado el proyecto del Ejecutivo que perfecciona las facultades de fiscalización de la DGA y que aumenta las sanciones a los infractores.
Comunicó que la DGA deriva al Ministerio Público menos de cien casos al año por infracción de usurpación ilegal de agua. Más específicamente, 63 casos en 2008; 69 en 2009; 36 en 2010; 76 en 2011; y 78 casos en 2012.
Finalmente, anunció que en junio de este año, el Banco Mundial entregará un informe destinado a proponer una nueva institucionalidad que reemplace a la DGA, más potenciada y con mayor presupuesto. Acotó que hoy se realizan 102 funciones repartidas en 42 oficinas de distintas instituciones (privadas y públicas) que, en muchos casos, generan una duplicidad de esfuerzos y de gastos.
