Mediante un comunicado de prensa el Consejo de Defensa del Archipiélago de Chiloé se manifestó en contra de la construcción del puente Chacao argumentando que el megaproyecto estatal “terminará por postergar necesidades históricas de un archipiélago de 9.181 km2, integrado por 10 comunas y 40 islas habitadas”.
Lo anterior viene como respuesta al fallo de la Corte Suprema que rechazó el recurso de protección interpuesto por el Consejo de Comunidades Williche de Chiloé, por la vulneración de sus derechos en el desarrollo del proyecto Puente sobre el Canal de Chacao. Esto debido a que la sentencia del Máximo tribunal sancionó argumentando que fue ingresado fuera de plazo, sin embargo no desestima la vulneración de derechos aludidos por el pueblo mapuche-williche.
El comunicado
«Todas la asambleas y organizaciones, agrupadas en Consejo de Defensa del Archipiélago de Chiloé, manifestamos nuestro total rechazo a la decisión centralista y arbitraria de construir un puente de 740 millones de dólares que no soluciona las necesidades urgentes de nuestros habitantes y denunciamos la disconformidad con la forma de invertir los fondos públicos en el archipiélago de Chiloé.
Reconocemos a esta mega-obra como un “monumento político populista” que terminará por postergar necesidades históricas de un archipiélago de 9.181 km2, integrado por 10 comunas y 40 islas habitadas, que requiere urgentemente una inversión estatal que brinde apoyo a las necesidades prioritarias vinculadas a infraestructura pública en salud (considerando nuestra complejidad geográfica), electrificación, fomento productivo rural, conectividad de las islas interiores, agua potable rural, educación superior de calidad en el archipiélago y el resguardo de nuestro valioso patrimonio natural y cultural.
Necesidades prioritarias, que autoridades gubernamentales, han dado por cubiertas a través del bullado y mediático “Plan Chiloé”, sin reconocer que este plan está muy lejos de cubrir las necesidades reales del archipiélago, el cual además, presenta graves atrasos y paralización de obras.
En este sentido, manifestamos que el Estado de Chile –históricamente- no ha reconocido el derecho soberano de Chiloé a delinear (mínimamente) sus líneas de convivencia, tanto políticas, como económicas y culturales, imponiendo un modelo socioeconómico que ha devastado los bienes comunes naturales y sociales del Archipiélago.
Comportamiento centralista, no democrático y de una colonialidad interna que adquiere su máxima expresión a través de la imposición de un mega-puente que termina por evidenciar la negación descarada de una amplia gama de necesidades ciudadanas.
De igual forma, declaramos nuestro total apoyo a la denuncia de vulneración de derechos presentada por el Consejo de Comunidades Williche de Chiloé. Vulneración que se ve reflejada a través de la fraudulenta aplicación del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado y su proceso “clandestino” de consulta indígena.
Derecho a consulta que todo pueblo indígena, sus comunidades y familias poseen cuando se enfrentan a un megaproyecto que afectará el territorio que sustenta los significados culturales de su existencia. Por tanto, respaldamos enfáticamente su apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer su justo derecho a decidir, junto a la sociedad civil, sobre el territorio del cual son habitantes originarios.
Por último, queremos dejar en claro que nuestro futuro como habitantes del archipiélago debe construirse en base a consensos democráticos, no por la imposición de proyectos inconsultos sustentados en clichés como “puente=progreso”.
Progreso no es saqueo de nuestros recursos hoy y carencia para los chilotes del mañana. Progreso es velar porque nuestro archipiélago tenga las condiciones de bienestar social aquí, ahora y en el futuro. Progreso es pensar y hacer de Chiloé un mejor lugar para vivir desde sus potencialidades y para sus habitantes».
