Los votos a favor correspondieron a la presidenta de la instancia legislativa, la senadora Adriana Muñoz (PPD), y a los senadores Carlos Montes (PS) y Jorge Pizarro (DC), quienes defendieron el objetivo de la iniciativa de transformar el agua en un bien nacional de uso público y privilegiar el consumo humano.
En contra votó el senador Víctor Pérez (UDI) y su compañero de pacto, el senador Francisco Chahuán (RN) se abstuvo. Ambos dejaron expresa constancia de reserva de constitucionalidad acusando que el texto contraviene principios fundamentales, como el derecho de propiedad y el principio de dominio.
Indicaron que el Numeral 4, que modifica el artículo 6 del Código de Aguas, que define el Derecho de Aprovechamiento de las Aguas, vulneraría el Artículo 19 N° 24, inciso final de la Constitución al alterar las garantías de la propiedad “en virtud del cual se pueden ejercer a perpetuidad, todos los atributos del dominio -uso, goce y disposición- a la entera libertad de su dueño”. Chahuán explicó que la reforma modifica la esencia del dominio al alterar la temporalidad y al suprimir la facultad de disponer.
Lo primero al establecer que el derecho de aprovechamiento de aguas tendrá una duración máxima de 30 años, es decir será temporal. Esto sucederá con los nuevos derechos que se otorguen tras la publicación de la ley, porque los actuales derechos serán a perpetuidad según los cambios planteados por el Ejecutivo.
También se explicó que se pierde una de las facultades esenciales del dominio como es “el derecho a estar en el Comercio Jurídico, siendo objeto de actos y contratos a través de los cuales puede transferir o transmitir el dominio”. Y si bien el parlamentario admitió que la Constitución permite limitar la propiedad en condiciones fundadas como por los intereses generales de la nación, seguridad nacional, utilidad pública, salubridad pública o conservación del patrimonio ambiental, no puede afectar el derecho en su esencia. “La modificación propuesta al articulado transitorio al afectar derechos adquiridos, importa un desconocimiento y menoscabo del derecho de que se es titular, perdiendo su carácter de dominio perpetuo al aplicarse la caducidad; esta modificación no puede desconocer derechos legalmente constituidos o reconocidos que han ingresado al patrimonio de un titular de un derecho de aprovechamiento de las aguas” acotó Chahuán.
Largo camino
La Comisión acordó la próxima semana comenzar las votaciones en particular de cada artículo y mantener un espacio abierto permanente para presentar indicaciones, salvo que el tema se haya resuelto.
Durante la votación asomaron ciertas diferencias entre el oficialismo y las indicaciones propuestas por el Gobierno, con tal de otorgarle mayor certeza jurídica al proyecto ante las críticas de los privados, y por ello se intensificaran las conversaciones entre el Ejecutivo y los parlamentarios de la Nueva Mayoría (NM) con tal de convenir redacciones. De hecho, tras la sesión el director general de Aguas, Carlos Estévez, se reunió separadamente con Muñoz y Pizarro para ir acercando posiciones, bajo la premisa que será difícil lograr la anuencia o acuerdo de Chile Vamos. Claro que cuando esta instancia legislativa termine la revisión del articulado, la corresponderá el turno a las comisiones de Agricultura, Constitución y Hacienda, aunque se espera que las dos últimas sólo revisen aspectos particulares y no todo el texto. Recién después de estos pasos el proyecto será visto en la sala del Senado, no obstante en la NM y en el Gobierno creen que es posible que sea ley a fines de año
Fuente: Pulso
