Por: Rodrigo Álvarez Seguel, Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin
Estos desastres han evidenciado nuevamente una percepción pública aún inmadura. Autoridades, medios de comunicación y ciudadanía tienden a responsabilizar a la naturaleza y a victimizarse ante ella, como si no supiéramos que la corteza terrestre en Chile es una de las más dinámicas del planeta. Ha sido así por millones de años y lo seguirá siendo. En este sentido, son las instituciones de la sociedad las que deben hacer el ajuste para adaptarnos con más inteligencia al territorio. Tampoco se trata de un infierno, porque es habitual que detrás de cada dificultad geológica, haya posibilidades. Allí donde hay volcanes, también suele haber aguas termales, potencial geotérmico y recursos turísticos; donde hay fallas geológicas, suele haber recursos minerales e hidrogeológicos; y si no fuera por la subducción de placas tectónicas, no habría cordillera de los Andes.
Lo que procede es asumir que “los desastres no son naturales”, sino consecuencia de que aún nos falta madurar más para que las ciudades resistan estos fenómenos. A nivel internacional, este año Chile ha sido alzado por entidades científicas, gobiernos y medios de comunicación globales, porque las construcciones en general “aguantan” y la población “no huye despavorida” en momentos críticos. He aquí nuestro punto de partida con pros y contras.
Para que cada institución asuma la responsabilidad que le concierne, es indispensable la memoria pública sobre los desastres. Para eso, el Sernageomin aporta desde este año el Registro Nacional de Desastres de Origen Geológico (www.sernageomin.cl). Sobre esa base, se han catastrado al menos 72 desastres principales desde 1980 hasta hoy (2 graves al año). El cálculo general muestra un costo público en reconstrucciones que en promedio supera al billón de dólares (10 hospitales modernos cada 12 meses) y más de 1.000 personas muertas o desaparecidas por desastres de origen geológico.
Tras las erupciones de los volcanes Llaima y Chaitén en 2008, el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet aprobó el presupuesto inicial de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (que hoy monitorea a los 43 volcanes más peligrosos) y la elaboración de mapas con microzonificación del peligro para los volcanes activos.
Hoy, las nuevas crisis están motivando la génesis del Plan Nacional para la Reducción de Riesgos Geológicos, que abarcará peligros aluvionales, desbordes, inundaciones, sismos, etc. Esta información científico-técnica es vital para la prevención (planificación del uso del territorio, planes de protección civil, alertas tempranas, educación); la mitigación (obras civiles, normas de diseños constructivos); y la atención de emergencias.
Sin embargo, estas buenas políticas públicas topan con una interrogante capital: ¿Hay disposición en Chile para prohibir las construcciones en zonas de riesgo? Sobre las decisiones de uso de suelo que toman municipalidades, intendencias, SERVIU, MOP, MMA, etc., ¿estamos preparados como país para que los mapas de peligro sean vinculantes? La evidencia muestra un patrón en cuanto a construir y reconstruir en zonas de riesgo, donde prima la necesidad de suelos más económicos para viviendas sociales, el uso turístico y el interés inmobiliario.
