Por Felipe Cárcamo, sociólogo.
La Isla Guarello, en la Región de Magallanes, ya no es la misma desde que cerca de 40.000 litros de petróleo fueran derramados en la tierra ancestral de la comunidad indígena kawésqar. Un problema grave que requiere de una profunda y transparente investigación y por sobre todo de un accionar rápido que considere el retiro de petróleo.
Y es esta tragedia socioambiental es la que nuevamente nos hace abrir los ojos y pensar si realmente estamos preparados para enfrentar los efectos que trae consigo la ejecución de este tipo de iniciativas.
La situación se vuelve más preocupante si se considera que, aun tras el rechazo de un recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema, el megaproyecto Puerto Cruz Grande, propiedad de la Compañía CAP Minería, ya había comenzado a hipotecar el destino de todos aquellos chilenos que suelen valorar la maravilla de ecosistemas que ofrecen espacios como el Archipiélago de Humboldt ubicado entre las regiones de Atacama y Coquimbo.
Sitios que no quedarán incólumes. La capacidad para recepcionar, acopiar y embarcar cargamentos de grandes buques encargados de transportar miles de toneladas de mineral, son cualidades que no pasarán inadvertidas.
Los principales efectos de una intervención como esta serán la afectación de especies y recursos protegidos debido al paso de naves, vibraciones de detonaciones y dispersión de material particulado en su fase de construcción, y cómo no, la constante amenaza existente de derrame de combustible y petróleo.
Por eso, llama la atención que CAP haya señalado hace algunos años que existía un “plan de contingencia será capaz de enfrentar oportunamente una emergencia además de contar con un plan de rescate, recuperación y reinserción de la fauna afectada por el derrame”.
Pero estamos en Chile, un lugar donde las empresas siempre quieren ganar y era que no si tienen todas las facilidades institucionales para cumplir el objetivo. Hoy, nuestro sistema de evaluación ambiental no contempla el desarrollo de estudios por parte del Estado que puedan contrarrestar la información que entregan las empresas, y eso nos pone más en alerta.
Cruz Grande aún no tiene fecha de inicio de sus obras, pero el peligro es inminente: un derrame de petróleo en el archipiélago puede ocurrir y los responsables hoy, quedarían impunes.
