Cerca del 50% de los proyectos ingresados a evaluación ambiental son rechazados

Un estudio revisó 24 mil proyectos presentados a esta tramitación en los últimos 25 años, mostrando un aumento progresivo en las tasas de rechazo. La investigación también indica que hasta 2017, solo el 1,6% de los proyectos tardó más de dos años en obtener su permiso para operar.

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Si hay algo que marca la tendencia de ingreso y aprobación de los estudios del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) son las continuas reformas al sistema.

Un estudio de la U. Diego Portales realizó un análisis de los más de 24 mil proyectos ingresados al sistema entre 1992 y 2019, sus rubros y tasas de aprobación y rechazo.

La investigación identifica cuatro períodos marcados por los cambios institucionales. Hasta el año 2002, los proyectos ingresados eran aprobados en tasas superiores al 90%; a partir de 2003 y hasta 2013, la tasa cayó a un promedio de 74%, y luego, desde 2014 la tasa cae nuevamente a promedio de 55%, dice la investigación.

Claudio Fuentes, académico de la U. Diego Portales y autor del estudio, explica que los cambios tienen que ver con el Decreto Supremo 40, que estableció un nuevo procedimiento para su aprobación, el que es más exigente e incorpora más condiciones sociales.

Sin embargo, clarifica Fuentes, estos “rechazos”, en su mayor proporción son “no admitidos a calificación”, usualmente por faltas administrativas, debido a que el sistema es más complejo, y que corresponde a cerca del 70% de los casos rechazados.

“Eso me sorprendió”, reconoce Fuentes. “Yo pensaba que la dinámica del ciclo económico iba a ser relevante y, en realidad, es bastante independiente. Efectivamente, la institucionalidad incide mucho en el incentivo que los actores tienen para presentar o no proyectos. La recomendación a los parlamentarios es que evalúen el tipo de incentivo que se está diseñando, porque seguramente va a tener un impacto muy fuerte en la cantidad de proyectos que se presentan”, agrega.

Cuando un proyecto es rechazado, se puede apelar en distintas instancias. El titular, por ejemplo, puede solicitar una revisión de oficio cuando algunas condiciones hayan variado sustantivamente. También existe reclamación ante el Consejo de Ministros.

Más de 25 años de historia

El estudio también detectó que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) -que existe desde 1992- hasta 2017 solo recibió 256 iniciativas de inversión, el 1,6% del total de proyectos, los que tardaron más de dos años en obtener su permiso para operar.

El estudio entrega evidencias en medio de la discusión que ha tenido en las últimas semanas la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que está analizando precisamente una profunda reforma al SEIA.

La propuesta del gobierno apunta a tres ejes: disminuir el componente político del sistema -eliminando, por ejemplo, la instancia de decisión del Consejo de Ministros-, aumentar la participación ciudadana y, como dice el propio mensaje firmado por el Presidente Piñera en el proyecto de ley, “agilizar sus procesos para fortalecer el desarrollo sustentable de Chile”. El mensaje es claro respecto de esto último: “Los plazos de tramitación se extienden por largos períodos de tiempo, manteniendo situaciones de conflicto e incertidumbre”.

Pero las cifras parecieran no sostener dicha afirmación. En los 25 años analizados, el 75% de los proyectos ingresados al sistema fueron aprobados y el promedio de demora en obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) correspondiente fueron 220 días. Poco más de siete meses. La estadística cambia cuando se diferencia por el tipo de proyecto. Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), relativas a proyectos de menor envergadura y de menor impacto ambiental, tardan siete meses en ser aprobadas, mientras que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), 13 meses.

“Los datos muestran que el tiempo de demora en realidad no es tan extenso. Aumenta -y es algo esperable- mientras más grande sea el volumen de la inversión, entonces más te demoras por la complejidad del proyecto. Cuando sacas esta dimensión, que es un porcentaje bastante bajo de los proyectos que entran al SEIA, el promedio es de seis a ocho meses, un tiempo bastante razonable. Existe una dinámica burocrática bastante establecida para la mayoría de los proyectos”, asegura Fuentes.

Según el estudio, las 256 iniciativas que tardaron más de dos años en ser aprobadas (apenas el 1,6% del total) representan una inversión promedio de 116 millones de dólares, en contraste con el promedio del total de proyectos aprobados, que es de 23 millones de dólares.

También aislaron las inversiones que superan los 100 millones de dólares. Se trata de 650 proyectos “top”, el 4,5% del total de aprobados, pero que, a su vez, representa el 75,4% del total del dinero reconocido por el sistema. Estas inversiones “top” son, sobre todo, de energía y minería y se concentran en las regiones de Tarapacá, Atacama y Metropolitana.

Para la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez, integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, los plazos de tramitación “no han sido parte del debate en la comisión, porque se asume como dada la supuesta demora. Estos datos aportan mucho”.

“Lo que está haciendo el gobierno es atribuirles la responsabilidad a los órganos públicos de los procesos de demora. Por eso deciden acortar la participación ciudadana, bajándola de 60 a 30 días, por la presión del privado”, agrega la parlamentaria.

Para el diputado RN Sebastián Torrealba, también miembro de la comisión, la reforma se hace cargo de la demanda de la ciudadanía al ampliar la participación a las DIA y no solo a los estudios, y de los propietarios de los proyectos. “Estamos asegurando que las iniciativas se puedan ejecutar a través de procesos más simples, para acortar la brecha que tenemos hoy día de evaluación”.

“En Chile, los proyectos se demoran cerca de cinco años en ser aprobados, y en países modernos, cerca de dos. El objetivo de la reforma es proteger el medioambiente, asegurar la participación y al mismo tiempo acortar los plazos burocráticos del Servicio de Impacto Ambiental”, añade. Consultado por el origen de dichos datos, asegura que “son de la Ocde y están súper documentados en la mesa de trabajo del gobierno de la Presidenta Bachelet sobre la reforma al SEIA”.

Dicha mesa estipula que los tiempos de tramitación son efectivamente mayores a lo esperado en algunos casos. Sobre los datos del estudio de la UDP, que contrastan los que él cita, Torrealba dice que los analizarán en la comisión.

El gobierno incluyó un informe de productividad junto al proyecto de reforma al SEIA, que incluye tablas de intervalos de tiempos que los distintos proyectos han permanecido en trámite. El análisis toma de 2010 a 2019 y coincide con el estudio de la UDP: la gran mayoría de los proyectos demoró menos de siete meses en ser aprobados.