Cantos de sirena y la “eventual” creación del área marina protegida kawésqar

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Por Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo de centro Ecocéanos.


Una sociedad no sólo se valora por lo que protege, sino también por lo que decide no destruir. Esta reflexión nos permite medir el alcance de la frase deslizada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, durante la firma de los decretos supremos que crearon la Red de Parques Nacionales de la Patagonia. Allí, con exquisita ambigüedad la mandataria señaló “porque yo sé que hay alguna gente que está interesada, el ministro Mena pronto vendrá acá a trabajar en el expediente para la eventual Área Marina Protegida de Múltiples Usos (AMP-MU), que también ha sido una petición, pero que se va a trabajar como corresponde”.

Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo de centro Ecocéanos.

Con estas declaraciones, la Presidenta Bachelet iniciaba una nueva estrategia mediática que busca compensar la creación del mega Parque Nacional Kawésqar sin su prístino mar adyacente -para directo beneficio de los intereses de la expansionista industria salmonera exportadora-, mientras le daba esperanzas a las excluidas comunidades canoeras de que su promesa no cumplida de protección de su maritorio ancestral seguía en pie.

Para ello se anunció la visita “express” del ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, a la región de Magallanes este lunes 5 de febrero, con objeto de consultar de manera no vinculante a las comunidades y posteriormente elaborar el expediente para una “eventual” AMP-MU Kawésqar.

Resulta evidente que, a menos de 30 días para el término del actual gobierno, dicha promesa es un gesto simbólico, ya que el proceso legal e institucional para la creación de un AMP-MU requiere entre dos a tres años, sin contemplar las potenciales impugnaciones que van a realizar las compañías pesqueras, salmoneras y de mitilicultura industrial, extraordinariamente reactivas frente a la creación de nuevas áreas protegidas en aguas de la Patagonia.

Llama la atención que la Presidenta Bachelet señalara en su discurso “yo sé que hay alguna gente que está interesada…”. Con ello se refería a las 12 comunidades Kawésqar que fijaron su posición de que sólo apoyarían la creación del parque nacional del mismo nombre, si contemplaba la protección del prístino mar circundante. Esta exigencia se encuentra en el documento final de la Consulta Indígena realizada entre julio y octubre del 2017, en cumplimiento de los compromisos derivados del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones Unidas. El ministro Mena con posterioridad a la Consulta Indígena, nunca se reunió ni entregó información solicitada por las comunidades canoeras.

La fugaz visita que realizará el ministro Marcelo Mena a las comunidades Kawésqar resulta contradictoria, ya que él como presidente del “Consejo de Ministros de la Sustentabilidad” (sic), apoyó y aprobó junto con el ministro de Economía de la época Felipe Céspedes, la eliminación de la protección ambiental de las aguas circundantes a lo que sería el parque nacional Kawésqar. Por ello es evidente que se está ante una nueva operación de marketing político-comunicacional, a la cual nos tiene acostumbrado el mediático ministro de Medio Ambiente.

Las aguas circundantes al Parque Nacional Kawésar son estratégicas, tanto para la reubicación como para la expansión de las concesiones de la industria salmonera de Magallanes, la cual triplicará sus actuales producciones anuales el 2022. En dicha perspectiva, existen 126 concesiones salmoneras operando, mientras otras 409 esperan la aprobación gubernamental.

Es poco viable la creación de una efectiva AMP-MU Kawésqar durante el próximo gobierno, ya que la multigremial empresarial encabezada por Salmón Chile A.G. rechaza la creación de nuevas áreas marinas protegidas, así como la no renovación del Convenio 169 de la OIT y la modificación de ley de espacios costeros de pueblos originarios (Ley Lafkenche).

Estamos en presencia de una abusiva situación administrativa que evidencia, una vez más, que se continúa aplicación de la histórica política del Estado chileno -en alianza con el empresariado de turno-, de genocidio y asimilación cultural de los pueblos canoeros nómades de la Patagonia